Israel prosiguió el jueves su ofensiva en Gaza y Líbano, con bombardeos que mataron a decenas de personas, y rechazó con vehemencia la orden de captura de la CPI contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó también la detención del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y de Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamás.
"La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es comparable a un juicio Dreyfus actual que terminará de la misma forma", reaccionó Netanyahu, según un comunicado de su oficina, en alusión al caso del capitán judío Alfred Dreyfus, condenado por traición a finales del siglo XIX en Francia y que luego fue absuelto y rehabilitado.
En la Franja de Gaza, la Defensa Civil anunció la muerte de 22 personas en un bombardeo nocturno israelí en un barrio de Ciudad de Gaza, en el norte.
Otro ataque, alrededor de medianoche (22H00 GMT) en la zona de Beit Lahia y Jabaliya, también en el norte, mató a decenas de personas, según fuentes médicas del territorio palestino, gobernado por Hamás.
El Ministerio de Salud de Líbano reportó por su lado la muerte de 22 personas por bombardeos israelíes en el valle de Becá, en el este del país.
La guerra entre Israel y Hamás se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos islamistas mataron a 1.206 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes que incluyen a los rehenes muertos en cautiverio.
De los secuestrados, 97 siguen cautivos en Gaza, pero el ejército israelí estima que 34 de ellos murieron.
La ofensiva militar lanzada en respuesta por Israel ha matado al menos a 44.056 personas en el territorio palestino, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.
El enviado especial estadounidense Amos Hochstein se reunirá este jueves con Netanyahu, en busca de un plan de paz en Líbano, donde Israel y el movimiento islamista proiraní Hhezbolá entraron en guerra abierta a fines de septiembre.
Los enfrentamientos transfronterizos se había iniciado el 8 de octubre, cuando Hezbolá abrió ese frente con disparos casi cotidianos de artillería contra territorio israelí que obligaron a unos 60.000 habitantes del norte de Israel a evacuar sus regiones.
En Líbano, decenas de miles de habitantes fueron igualmente desplazados.
La embajadora estadounidense en Beirut, Lisa Johnson, presentó la semana pasada a las autoridades libanesas un plan de 13 puntos que prevé una tregua de 60 días y el despliegue del ejército en el sur de Líbano, uno de los bastiones de Hezbolá.
El canciller israelí, Gideon Saar, declaró el miércoles que cualquier alto el fuego en Líbano debe dejar a Israel "libertad de acción" para atacar a Hezbolá "en caso de que se produzcan violaciones" del acuerdo.
Hezbolá replicó que Israel "no puede imponer sus condiciones" y exigió "el cese total de la agresión" en Líbano.
Más de 3.550 personas han muerto desde octubre de 2023 en Líbano por la violencia entre Israel y Hezbolá, la mayoría desde que se intensificó el conflicto en septiembre, según las autoridades de ese país.
"La sala emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024", informó la CPI, añadiendo en otro comunicado que también pidió la detención de Deif, jefe militar del movimiento islamista palestino.
Según Israel, Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamás niega su muerte.
"Esta orden de arresto de Deif es sumamente importante. Esto significa que se oyó la voz de las víctimas", declaró Yael Vias Gvirsman, que representa a las familias de 300 víctimas israelíes de la incursión del 7 de octubre.
Hamás calificó por su lado de "paso importante hacia la justicia" la decisión de la corte, que "puede permitir a las víctimas obtener reparación, pero sigue siendo modesto y simbólico si no cuenta con el pleno apoyo de todos los países del mundo".
En el campo diplomático, Estados Unidos y Argentina la rechazaron, en tanto que la UE y Amnistía Internacional, entre otros, la elogiaron.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, consideró que se trata de órdenes de captura "vinculantes" y que por lo tanto deben "aplicarse".
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