El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, aumentó a $ 271.000 una prestación liquidada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para un grupo específico de mujeres y confirmó la fecha de pago.
Sin embargo, la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, anunció que realizaron una denuncia en la Justicia, por la baja cantidad de nuevas beneficiarias que hubo durante el 2024.
Además, las titulares de este beneficio compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) denunciaron que el pago no se efectivizó en los últimos cronogramas y, aunque se espera una liquidación retroactiva, la situación del programa resta por definirse de manera oficial.
El Gobierno, a través de la cartera de Justicia, liquidará una nueva cuota del Programa Acompañar con aumento. Los voceros informaron a El Cronista que, pese a la polémica, el cobro se "realizará en tiempo y forma, aunque no tiene una fecha fija".
Las subas se dieron bajo las siguientes etapas:
Vale remarcar que las titulares cobran a mes vencido, por lo que las actualizaciones se ven a los 30 días y las titulares solo pueden cobrar durante un semestre.
Las organizaciones de derecho humanos denunciaron que, en lo que va de 2024, el Plan Acompañar ha registrado sólo 434 nuevas altas. Esta cifra fue informada por la directora ejecutiva de la ELA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Según los datos presentados por Gherardi, de las 2462 solicitudes recibidas entre enero y marzo de 2024, únicamente se aprobaron 434. De esta forma, la directora de la organización recalcó que el Gobierno no tiene su foco puesto en políticas de género y advirtieron estas restricciones podrían dejar a muchas víctimas desprotegidas.
Este programa está destinado a las mujeres e integrantes del LGTBQ+ que padecen violencia de género. El programa pertenecía al Ministerio de Capital Humano y, en la actualidad, lo tomó la cartera de Justicia.
La aprobación se realiza luego de una entrevista con la solicitante en la unidad de acompañamiento más cercana. Durante ese proceso, se determina la situación del aplicante.
Sin embargo, las titulares vigentes no deberán presentar una denuncia para cobrar, pero tendrán que acreditar su situación de riesgo mediante un informe social emitido por el organismo de su residencia.
Previo a efectuar los pagos, el Ministerio de Justicia llevó a cabo una validación de datos para confirmar que las beneficiarias continúan en situación de vulnerabilidad social y que mantienen la titularidad de la cuenta bancaria asociada a la prestación.
El Gobierno lanzó también otros cambios mediante el Decreto 755/2024. La principal novedad es la reducción de la cantidad de cuotas de seis a tres pagos, aunque el monto equivalente al sueldo básico se mantendrá.