A casi dos años del frustrado Golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vásquez y el congresista Roberto Sánchez Palomino pasarán a juicio público por el frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Junto a ellos comparecerán a juicio los ex jefes policiales Manuel Elías Lozada Morales (ex jefe de la VII Región Policial Lima), Justo Jesús Venero Mellado (Jefe Operativo de la USE PNP), Eder Antonio Infanzón Gómez (ex Oficial Operativo de la USE PNP).
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El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria emitió el auto de enjuiciamiento que declara saneada la acusación fiscal, por los delitos contra los poderes del Estado y Orden Constitucional-Rebelión; contra la Administración Pública – Abuso de Autoridad; y Contra la Paz Pública- Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública.
El auto de enjuiciamiento fue remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por los jueces José Neyra Flores (presidente), Walter Cotrina Miñano y Oscar Alarcón Montoya, con la finalidad que se disponga el inicio del juicio público. Lo más probable es que el juicio comience en enero de 2025.
De los ocho procesados acusados que comparecerán a juicio, dos se encuentran cumpliendo prisión preventiva: el expresidente Castillo y la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Los otros seis cumplen comparecencia restringida o simple.
La fiscalía solicita una pena de 34 años de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación para el ex presidente Castillo. En tanto, pide 25 años y dos años y seis meses de inhabilitación para Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Aníbal Torres y los policías Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón.
Además, del pago de una reparación civil de 65 millones 419,038 soles por el perjuicio que sus actos habrían generado al Estado y la sociedad.
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El relato de los presuntos hechos delictivos parte del 29 de noviembre de 2022, cuando el congresista Edward Malaga plantea la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral del presidente.
Dicha moción fue admitida a debate por el Congreso de la República el 1 de diciembre, día en la que se cita al presidente Castillo para el 7 de diciembre, para ser juzgado políticamente.
En paralelo, entre el 4 al 7 de diciembre, continúa la acusación, los medios de comunicación difunden supuestas declaraciones de Sada Goray Chong, José Luis Fernández La Torre y Salatiel Marrufo Alcántara, investigados por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sobre presuntos actos de corrupción y pagos ilícitos al presidente.
Así, el 6 de diciembre de 2022 se realiza una reunión entre el presidente Castillo y los ministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta y el jefe del gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, “quienes se encargaron de coordinar los actos preparatorios y ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso”.
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La reunión se repetiría la mañana del día siguiente, 7 de diciembre hasta que a las 11:40 horas, el entonces presidente Castillo emite el mensaje a la Nación y se dan una serie de disposiciones con los jefes policiales del momento para cerrar el Congreso y proteger las viviendas y familiares de los complotadores.
En respuesta, el Congreso aprueba la vacancia presidencial y Pedro Castillo es detenido al salir de Palacio de Gobierno con su familia, en dirección a la embajada de México.
El expresidente Pedro Castillo y los demás acusados señalan, en su defensa, que se vieron presionados a buscar el cierre del Congreso por las acciones obstrucciones del parlamento, que no permitían avanzar al gobierno.
En este contexto, las pruebas de descargo resaltaran en que había un clamor popular por el cierre del parlamento y que al final todo quedó en un intento, sin consecuencias.
