Iberdrola y Repsol se verán las caras este jueves en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander, por causa de la demanda presentada por la eléctrica contra la petrolera, acusándola de competencia desleal y publicidad engañosa . Se trata del primer juicio entre empresas en España por 'greenwashing' , o lavado de imagen verde. Este término hace referencia a aquellas situaciones en la que una compañía hace creer a sus consumidores que ellos o sus productos son verdes, a través de informaciones engañosas o inciertas. En cuanto al juicio, este tendrá lugar en la ciudad de Santander. Esto se debe a que es el domicilio social de Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, la competidora de Iberdrola. Según la legislación en materia procesal, en un proceso de demanda, cuando las partes tienen diferentes domicilios, el demandante puede elegir el lugar del juicio en cualquiera de ambas sedes. No obstante, Repsol trató de derivar la causa hacia los juzgados de Madrid, debido a que la demanda también involucra a Repsol S.A, la empresa matriz, con sede en la capital, aunque la petición fue denegada. Este jueves tendrá lugar la vista oral , en la que los peritos y abogados de ambas partes se verán las caras en el juzgado. En lo que respecta a la representación procesal de cada compañía, Iberdrola cuenta con el asesoramiento de la consultora Nera y el bufete Ontier , mientras que Repsol ha confiado el caso en el despacho Dentons. Según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press, la sentencia del juicio podría conocerse entre finales de este año y comienzos del próxim o. En relación al objeto de la demanda, se trata de un caso pionero, pues el greenwashing no está específicamente tipificado en la legislación española, por lo que no existe ningún tipo de jurisprudencia al respecto. En todo caso, sí existe una directiva europea en materia de empoderamiento de los consumidores para la transición verde. Esta fue aprobada en febrero, y se trata de un listado de normas específicas para combatir las prácticas comerciales desleales que inducen a ellos, entre ellas el greenwashing . Sin embargo, esta directiva aún no ha sido transpuesta por España, por lo que no se encuentra en vigor . La fundamentación jurídica sobre la que Iberdrola sostiene su demanda es la Ley de Competencia Desleal , basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosas (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18). En la demanda, Iberdrola acusa a Repsol se promocionar iniciativas verdes aún cuando «su oferta multiproducto fomenta el uso de carburantes». Del mismo modo, los acusan de «centrarse en sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales». El objetivo que persigue Iberdrola es solicitar que Repsol sea declarada culpable de llevar a cabo actos de competencia desleal. En este caso, la compañía se vería obligada a cesar en estos actos , prohibirle su reiteración futura y eliminar sus efectos. Además, Iberdrola pide que la sentencia sea publicada en la web de Repsol , así como en las redes sociales más importantes y en las televisiones en las que se emitieron los contenidos ilícitos. A pesar de que en España no se ha emitido aún ninguna sentencia por greenwashing, en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia ya se han tomado medidas contra empresas, especialmente petroleras, al acusarlas de esta práctica. De hecho, según un estudio de la compañia de software DoGood People, más del 50% de las empresas en Europa son acusadas de g reenwashing . Según un reciente informe de la Comisión Europea, el 53% de las empresas no cumplen con las prácticas medioambientales que se les requieren, y un 58% a nivel global opta por no hacer públicas sus iniciativas sostenibles. En cuanto a la respuesta de Repsol, la petrolera defiende su estrategia en el marco de la transición energética «con el único objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro». De hecho, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que la demanda de Iberdrola revelaba el «nerviosismo» de la eléctrica, alegando que buscaba «limitar el crecimiento» de la energía en el sector eléctrico.
