Hablar en contra de las juntas militares del Sahel sale caro. Lo sabe el doctor Douda Diallo, referente de los derechos de las minorías en Burkina Faso, cuando fue reclutado de forma forzosa por su posición contraria al capitán Ibrahim Traoré. Lo saben Charles Wendpouiré, Yacouba Ladji Bama o el periodista Issaka Lingani, que siguieron una suerte similar pese a que este último tenía 64 años en el momento en que fue obligado a vestir el uniforme de camuflaje. Lo sabe el tertuliano maliense Issa Kaou NDjim, que fue arrestado por las autoridades de Bamako tras transcurrir menos de 24 horas desde que expresó ante las cámaras de televisión su falta de confianza en la junta militar burkinesa. Lo sabe incluso el periodista que escribe estas líneas, que fue arrestado, desprovisto de abogados y de su pasaporte, para ser deportado diez días después de regreso a España como recompensa por denunciar los abusos de la junta militar maliense.
Ahora lo sabe quien fuera primer ministro de Mali desde 2021, Chogue Maïga, al ser destituido este miércoles de su cargo por el presidente-general Assimi Goita. Maïga cometió un error imperdonable el pasado sábado, cuando criticó que los militares en el poder no le involucraban en las decisiones de Estado y habían pospuesto (otra vez) de forma unánime las elecciones que hace tres años que prometieron que tendrían lugar antes de marzo de 2024. El primer ministro justificaba su frustración en estos términos, después de haber sufrido un lento pero palpable declive en su posición como figura de referencia de la transición maliense. Maïga ya fue destituido a principios de año como presidente del comité estratégico del Movimiento 5 de Junio (M5), pese a sus reiterados intentos por unificar a la clase política maliense en busca de un diálogo común. Maïga luchó por ese diálogo, lo buscó de forma activa, ejerciendo como intermediario entre una clase política relegada a un segundo plano y una clase militar que ostenta el poder en un contexto de creciente autoritarismo.
Pero el diálogo se estancó en marzo de 2024, que fue el tiempo límite establecido por los militares para devolver el poder a un gobierno civil tras el golpe de Estado de 2021. Llegó marzo y los militares continuaron en el poder. Pasó marzo y las voces disidentes aumentaron, como aumentaron los arrestos destinados a acallarlas. En el mes de junio, Boubaca Traoré, figura próxima al propio Maïga, publicó un texto donde criticaba el incumplimiento de las promesas por parte de los militares, texto que el Maïga respaldó; Traoré acabó en prisión. Y, como él, otros siguieron.
El ex primer ministro nunca lo tuvo fácil. Su asociación con los militares tras el golpe de Estado de 2021 llevó a que no pocos entre la clase política le acusaran de crear divisiones y de perjudicar el funcionamiento de la democracia en Mali. Por otro lado, los militares nunca se sintieron del todo cómodos con sus aspiraciones democráticas, tal y como ha demostrado la actual situación. Y las declaraciones de Choguel Maïga activaron de inmediato el aparato propagandístico de las juntas militares: el primer ministro fue acusado de desestabilizar Mali, de provocar divisiones en favor de potencias extranjeras y de suponer un lastre para el camino trazado por los militares. El Colectivo de Defensa Militar maliense incluso acusó al político de “alta traición”, a la vez que exigió su destitución en un plazo inferior a las 72 horas.
Casi se diría que las declaraciones de Maïga podían interpretarse como una carta de dimisión. Una última y desesperada intentona en favor de la democracia, antes de ser finalmente sepultado por los hombres de uniforme cuya última aspiración, como el tiempo ha demostrado, consiste en perpetuarse en el poder y apartar de su camino a aquellos que se interpongan.
La reacción del presidente-general Assimi Goita, sin embargo, fue más allá de la destitución del primer ministro. En un comunicado leído difundido los medios de comunicación malienses, la junta militar anunció que “el presidente de la transición […] decreta que cesan las funciones del primer ministro y del resto del Gobierno”. El futuro político de Mali se sumergió en la incertidumbre mediante una sencilla frase. Todo resto de autoridad civil ha sido borrada, incluyendo algunos militares que también formaban parte de este gobierno, como podía ser el ministro de Defensa, el general Ismael Wagué. Se espera que Goita establezca un nuevo gobierno, más afín a sus intenciones, en las próximas fechas. Por lo pronto, ya se conoce que el general Abdoulaye Maïga sustituirá al depuesto, reafirmando la posición de los militares en el gobierno, en detrimento de los civiles.
Las trifulcas de palacio suceden en un ambiente de máxima tensión por la lucha en curso contra los terroristas islámicos y separatistas que afectan a la estabilidad del país. Cabe a recordar que continúa un ambiente de violencia en gran parte del territorio nacional, y que recientemente se registraron dos contundentes derrotas por parte de la junta militar en el campo de operaciones del norte del país, que enfrenta a las Fuerzas Armadas malienses (FAMA) y a sus aliados rusos contra el separatismo de Azawad. Realidades que escapan al control de Assimi Goita… y que podrían terminar por destituir al general-presidente en un futuro que se aproxima.
