Luego de que el Ejecutivo retirara la urgencia al proyecto de Ley de Migraciones, este martes volvieron a reponer el mecanismo constitucional para priorizar la discusión de la iniciativa que hace dos semanas inició su tramitación en la Cámara Baja.
Así lo anunció el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en una de sus intervenciones en la Sala del Senado: “Respecto al proyecto que actualiza la Ley de Migraciones, se inició su discusión en la sala de la Cámara para su despacho y nosotros ingresamos la renovación de la urgencia y, por tanto, el oficio se da cuenta mañana y esperamos que se vote la próxima semana”.
“De hecho, faltan pocas palabras de los que quedaron pendientes de la sesión anterior y esperamos que la Cámara lo despache la próxima semana y se vote en Sala”, reiteró.
El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, durante la sesión del Senado que discute el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Foto: Agencia Aton
Esto, luego de que diputados y diputadas miembros de la Comisión de Gobierno Interior señalaran que el pie atrás del Ejecutivo respondió a reproches que levantaron desde la bancada del Frente Amplio contra el proyecto.
En ese sentido, el parlamentario de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, valoró que “el Gobierno haya reaccionado y recapacitado a la solicitud, que principalmente le hicimos los miembros de la Comisión de Gobierno Interior, porque este es un proyecto que partió el 10 de mayo de 2023, donde se lograron bastantes acuerdos, algunas cosas nos gustan y otras no, sin embargo, se alcanzaron buenos acuerdos, se modernizó bastante la normativa para establecer desincentivos reales para que los migrantes irregulares no ingresen a Chile”.
“Por lo tanto, me parece que el Presidente Gabriel Boric no podía estar legislando para las pataletas de los diputados del Frente Amplio, sino que tiene que legislar para el país. Así que me parece bien que haya recapacitado y le haya puesto la urgencia que este proyecto tan importante tiene que estar operativo sobre todo si sabemos que se viene un tsunami migratorio a propósito de lo que fue el fraude electoral del dictador Maduro”, apuntó.
En la misma línea, la diputada independiente y también integrante de la comisión, Camila Musante, sostuvo que “lamento que se le haya quitado la urgencia de parte del Ejecutivo, entendemos que fue a propósito de un reclamo de la bancada del Frente Amplio, pero se corrigió el error y se repuso la urgencia y en esto esperamos que a futuro no se repita”.
“No podemos suspender esta tramitación por un capricho de una bancada que no se atreve a expresar lo que piensa realmente en una votación en Sala, que es el lugar también donde todos podemos postular nuestra distintas visiones sobre un proyecto”, sumó.
Por su parte, el parlamentario del Partido Republicano, José Meza, cuestionó la participación de los integrantes del oficialismo en la comisión y señaló que: “Hoy una mayoría de la Comisión de Gobierno Interior y, básicamente, los diputados de oposición, ya que los parlamentarios del Ejecutivo no estaban presentes, hemos enviado una nota de reclamo a la Secretaría General de la Cámara para representar esta forma de trabajar bastante irresponsable que tienen los parlamentarios oficialistas que no llegan a las comisiones”.
“Esperamos que de una vez por todas empecemos a contar en la Comisión de Gobierno, para tramitar estos temas tan importantes como es migraciones, expulsiones, con la presencia de los diputados oficialistas, y que no intenten después torcer la mano a una comisión que trabajo leal y honestamente durante muchos meses para sacar una reforma. Afortunadamente la presión de la oposición surtió efecto y nuevamente tenemos la urgencia y la próxima semana vamos a votar esta actualización de la Ley de Migraciones”, subrayó.
Cabe señalar que la iniciativa que modifica la Ley de Migraciones y Extranjería (Boletín Nº 16.072-06) busca, entre otras medidas, ampliar las causales de expulsión constitutivas de delitos graves, como por ejemplo, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, sicariato, entre otros.
Además, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia armónica, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante.
