En la reforma fiscal, el Gobierno está intentando un acuerdo en el que quepan tanto fuerzas progresistas como fuerzas tan antiprogresistas, que podríamos incluso llamarlas 'retrocedistas'
La DANA deja mucho fango político difícil de limpiar
Los impuestos vuelven estos días al debate público, a propósito de la reforma fiscal que intenta sacar adelante el Gobierno, por ahora con escaso éxito. Impuesto es una palabra casi tan incómoda como lo que indica. Participio del verbo imponer (sinónimo de obligar o de forzar), impuesto nos recuerda a todos precisamente eso, su obligatoriedad. Nos parecen menos lesivos, menos agresivos, otros sinónimos de impuesto: gravamen, que viene del latín tardío gravamen, que significa incomodidad; tributo, también del latín, de tributum; canon, del griego, a través del latín…
Quizás sea contribución el sinónimo de impuesto que mejor nos suene, o que menos mal nos parezca. En impuesto, somos el sujeto pasivo, el que carga con lo que desde arriba, desde el poder, han decidido imponernos. En contribución se diría que nos convertimos en sujetos activos que han decidido aportar recursos al común, al erario público, sin que haya alguien superior que nos obligue a ello.
La palabra contribución era antaño mucho más usual que la palabra impuesto. Es la que se usa, por ejemplo, en la Pepa, la Constitución que se hizo en Cádiz en 1812. Dice así su artículo 339: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Como veis, hace más de dos siglos ya teníamos en nuestra primera Carta Magna la progresividad fiscal, el principio de que aporte más el que más tiene. Ese “facultades” de la Pepa es sinónimo de caudales, de capacidad económica. Aún viene esa acepción en el Diccionario de las academias, si bien se señala que está en desuso.
La progresividad fiscal estaba en la Pepa, la Constitución que se elaboró en las Cortes de Cádiz durante la invasión napoleónica y que supuso la llegada de la revolución liberal a todo el mundo hispano y de un Estado liberal en España. Liberal era por entonces lo opuesto a absolutista y a conservador. Ahora, dos siglos largos después, hete aquí que muchos de los que se autollaman liberales quieren acabar no sólo con la progresividad fiscal sino también, si pudieran, con los impuestos si pudieran.
Progresividad viene de progreso, que según del Diccionario es “acción de ir hacia delante” y también “avance, adelanto, perfeccionamiento”. También de progreso viene progresista, que es uno de los epítetos más frecuentes que se pone a sí mismo el Gobierno de Pedro Sánchez. En lo de la reforma fiscal que pretende, el Gobierno está intentando la cuadratura del círculo, un casi imposible: un acuerdo en el que quepan tanto fuerzas progresistas bastante más a la izquierda que el PSOE como fuerzas tan de derechas, tan antiprogresistas, que podríamos incluso llamarlas retrocedistas (de retroceso, el antónimo de progreso).
Si la sabiduría popular dice que los esfuerzos inútiles generan melancolía, es probable que el Gobierno se ponga aún más melancólico en breve.
