La verdadera justicia con estas gentes es hacerse un Óscar Puente, hacer primero y preguntar después. Que de una puñetera vez todos dejen de mirar los problemas de los españoles en términos tacticistas -como tacticista ha sido la incomprensible actitud de Feijóo en el tema de la votación de la Comisión Europea
Sé justo antes de ser generoso, sé humano antes de ser justo
Como el bochinche, la irrealidad y las informaciones parciales se han instalado en nuestra vida democrática, como un mal que ha venido para quedarse, ya sobrevuela sobre las 220 muertes de la riada y la jodida situación en la que viven y seguirán viviendo los valencianos durante meses, el espíritu del delito. El delito es el cornetín que se esgrime a menudo en un país en el que traspasadas todas las líneas de la decencia política, de la responsabilidad, de la falta de afán de servicio a la sociedad sólo parece quedarnos como último salvavidas de la zozobra el Código Penal. Eso nos habla de una sociedad enferma.
A la búsqueda de fallos, algo lógico si se quieren corregir, se ha superpuesto la de culpables y, a ser posible, la de imputados que esgrimir como garrotes en la pelea partidista. Es lógico que no sólo a los damnificados o al resto de valencianos sino a la mayor parte de la sociedad -la que no está librando ninguna batalla ideológica , la que quiere llanamente poder vivir- se le revuelvan las tripas. La mejor justicia que se les puede hacer en este momento a las gentes que viven entre aguas fecales y lodo, que han perdido casas y propiedades, que no saben cuándo ni cómo podrán volver a tener una existencia normal, es devolverles esa dignidad. Eso no se va a conseguir con denuncias ni querellas absurdas ni pretendiendo que los jueces arreglen lo que la vergüenza torera de los responsables públicos no ha sido capaz de evitar o enmendar.
No es sólo que Manos Limpias esté enredando en aguas revueltas y haya presentado una denuncia contra la presidenta de AEMET sino que la ministra Montero también se ha encaramado a la tribuna del Congreso para hablar de responsabilidades penales de los gobernantes valencianos. Dejen el Código Penal tranquilo de momento. Céntrense todos en resolver la vida de esos cientos de miles de personas y en recuperar después el destrozo material que ha supuesto el desastre. Hallar culpables no les va a mejorar la vida. Habrá de hacerse, pero debería primar el afán prospectivo, el de hallar mejoras a futuro, el de saber dónde estaban los fallos que se encadenaron para solventarlos. Se encadenaron. Un desastre de esta magnitud nunca es achacable a una sola causa ni a una sola persona. Ya les hablé de la teoría del queso suizo. Un desastre de esta magnitud siempre aúna mala prevención, mala gestión y mala respuesta.
La denuncia contra la presidenta de AEMET -absurda, ilógica, política- se presentó hace ya más de una semana y se turnó al juzgado de Instrucción número 15 que incoó diligencias previas para remitirla inmediatamente al juzgado de Instrucción 20 de Valencia que ya tenía abiertas unas diligencias por la Dana en las que se habían llevado a cabo los levantamientos de cadáveres y las identificaciones del procedimiento. Así que, al no ser una querella, y dado que había un juzgado que ya entendía de esta cuestión previamente, pudiera ser que el juez sólo haya incoado el procedimiento para poderlo reexpedir porque aun teniendo competencia territorial no podía tenerla ya sobre ese concreto tema. ¿Qué quiero decir con eso? Que es posible que el juez que reciba las diligencias acabe por archivarlas dado que resulta tan imposible penalmente achacarle a la presidenta de AEMET, 220 homicidios imprudentes como resultó imputarle a Ayuso las muertes de las residencias. Y es que, como decía al principio, el derecho penal no tiene la respuesta para todo ni debe tenerla. Fíjense lo que dijo el Tribunal Supremo al archivar una de estas denuncias: la denuncia no puede prosperar al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados, y requerirse, en sede penal, “vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada”, lo que en la denuncia no se precisa. Es decir, en sede penal es preciso vincular que el finado D. X murió por una medida concreta adoptada por la persona denunciada, concreta, no genérica. Es evidente que con las denuncias y querellas de esta tremenda catástrofe pasará lo mismo.
Entiendo que muchos ciudadanos piensen que ante la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte de los que cometieron errores y fallos por acción o más bien por omisión -este es un claro caso de omisiones en cadena-, ante las informaciones a veces contradictorias o fragmentarias, ante la dificultad de establecer una cadena de verdad; piensen, digo, que sólo la Justicia con su método y sus facultades pueda abrirse paso para establecer la verdad y las responsabilidades. Lo entiendo y a la vez sé que el derecho penal no va a sacar al pueblo valenciano de la zozobra en la que vive.
La verdadera justicia con estas gentes es hacerse un Óscar Puente, hacer primero y preguntar después. Que de una puñetera vez todos dejen de mirar los problemas de los españoles en términos tacticistas -como tacticista ha sido la incomprensible actitud de Feijóo en el tema de la votación de la Comisión Europea, a sabiendas de que no podría ganar el envite-, que paren de ver con un ojo el desastre y con el otro las encuestas, que reparen en que esta desgracia va a perturbar durante años las vidas de tantos compatriotas que sólo centrándose en ellos hallaran algo de paz y, como no, también los votos porque son muchos los ciudadanos que esperan expectantes que sean capaces de ponerse a trabajar, no sólo a hablar o a prometer, y de ponerse a servir, que es para lo que fueron elegidos.
Déjense de togas ahora, ahora es tiempo de ingenieros y de técnicos.
