Hacienda ya trabaja en el texto del decreto para ampliar durante un año el impuesto a las eléctricas, clave para desbloquear la votación de este jueves
Banca, energéticas, Sociedades: qué partidos apoyan (y cuáles no) los impuestos de la reforma del Gobierno
El Congreso se acerca a otra votación agónica, con negociaciones a última hora y con todo pendiente de unos pocos votos. Después de conseguir un pacto a última hora con ERC, EH Bildu y el BNG, el PSOE centra todos sus esfuerzos en convencer a Podemos de que apoye el paquete fiscal que servirá para encaminar la negociación para los Presupuestos. El partido de Ione Belarra amenaza con tumbarlo si no tiene garantías de que, en paralelo, el Gobierno consigue los apoyos para ampliar el impuesto a las eléctricas.
En las últimas horas, los negociadores de la parte socialista del Ejecutivo aceleraban las reuniones y los contactos con Podemos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, mantuvo al menos tres reuniones en las últimas 24 horas con la formación, en algunas con la presencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero las conversaciones son complicadas y, a última hora de la tarde de este miércoles, seguían atascadas.
El problema a estas alturas es que el Gobierno tiene un equilibrio muy endeble para conciliar todos los apoyos del bloque de la investidura. Y cualquier pieza que se mueva en un sentido o en otro puede tumbar los pactos alcanzados el lunes en la Comisión de Hacienda con Junts y PNV, por un lado, y ERC, EH Bildu y el BNG, por el otro. Esa arquitectura deja muy poco margen al PSOE para ofrecer a Podemos cambios en el paquete fiscal que se vota este jueves.
El pasado lunes, en una negociación que se alargó durante horas, el PSOE fue capaz de sacar adelante el dictamen del proyecto de ley para imponer un tipo mínimo del 15% a las multinacionales, con el fin de evitar que trasladen sus sedes fiscales a otros países de la Unión Europea para pagar menos impuestos. Ese texto, que es en realidad la trasposición de una directiva europea, es la base que ha utilizado el Gobierno para incorporar una serie de enmiendas con la idea de aprobar un paquete fiscal más amplio que además sirva para poner la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado.
Para conseguir el apoyo al texto el pasado lunes en la Comisión de Hacienda –el paso previo a su aprobación definitiva–, el Gobierno se comprometió con los socios independentistas a sacar adelante en paralelo un real decreto que aprobará más adelante y que incluya su principal línea roja, un impuesto especial permanente a las energéticas.
Con ese compromiso, el PSOE consiguió a última hora del lunes acercar a los socios para allanar la reforma, pero el acuerdo tenía una letra pequeña que Hacienda desveló más tarde en un comunicado. “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”, rezaba la nota. Sin esa letra pequeña, el Gobierno corría el peligro de perder el apoyo de Junts al dictamen en la Comisión y al conjunto del texto en el Pleno de este jueves.
El Gobierno tiene margen limitado para convencer a Podemos, que solo votará el texto si consigue una prueba de que el real decreto de las eléctricas saldrá adelante. Para eso, necesita saber la posición del partido de Carles Puigdemont, que amenaza con tumbarlo. Sin la seguridad de que sale el real decreto en el futuro, la formación de Ione Belarra no garantiza sus votos al paquete fiscal de este jueves. Y el Gobierno necesita, al menos, la abstención de sus cuatro diputados.
A última hora de este martes, en la parte socialista del Ejecutivo admitían que las reuniones mantenidas con la dirección de Podemos durante toda la jornada no habían servido por el momento para garantizar los cuatro votos a favor de los de Ione Belarra. Esas mismas fuentes asumían que el visto bueno de los morados, de producirse, no se concretaría hasta bien entrado el jueves y a pocas horas de la decisión definitiva. Aunque se negaban a asumir que un partido de izquierdas pueda siquiera plantearse en serio tumbar el paquete fiscal que pende de esos votos.
“Es una reforma profundamente progresista. Hay impuestos a la banca, a las multinacionales a las rentas del capital más altas… Sería muy difícil de explicar que un partido de izquierdas como Podemos echase por tierra todo eso simplemente porque no está otro impuesto, el de las energéticas, en los términos que ellos querrían”, sostienen fuentes próximas a María Jesús Montero, que recalcan la trascendencia de la votación desde un punto de vista político para la estabilidad de la legislatura.
Fuentes al corriente de esas conversaciones con Podemos admiten que en las últimas horas se han puesto sobre la mesa de la negociación algunas contrapartidas políticas que convenzan a Ione Belarra y que no estarían directamente relacionadas con las medidas fiscales que se discuten. Entre otras cosas, señalan fuentes de Hacienda, porque ya no hay margen de maniobra para alterar nada de lo pactado con el resto de grupos y que se ha conseguido sostener hasta la votación clave como un castillo de naipes.
Respecto al decreto comprometido con ERC, Bildu y BNG para desarrollar un nuevo gravamen a las energéticas, en Hacienda reconocen que es un texto en el que ya se está trabajando para dar con la fórmula mágica que contente a todos: desde Junts, que quiere que desaparezca el tipo fiscal, hasta Podemos, que aspira a que mantenga igual como hasta ahora. Sin embargo, en el ministerio de Montero rechazan que el contenido de ese borrador haya sido negociado todavía con ningún grupo, y niegan que haya ninguna decisión tomada sobre el porcentaje que podrán bonificarse las eléctricas del impuesto en función de su compromiso con el impulso de las energías limpias.
Una derrota del Gobierno este jueves no tendrá solo consecuencias políticas. María Jesús Montero advirtió al PP este miércoles de que su rechazo al paquete fiscal supone, por ejemplo, impedir que se resuelvan los problemas generados por “la fallida reforma fiscal” de Montoro (el ministro de Hacienda del Ejecutivo de Mariano Rajoy). Un problema que “por sentencias [de los tribunales] regalaría 5.000 millones de euros este año a las grandes empresas”.
Para evitar este impacto, el acuerdo que PSOE y Sumar firmaron el lunes de la semana pasada recogía la propuesta de “adelantar la recaudación de grandes empresas y grupos de empresas limitando sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados, o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresa en el impuesto de Sociedades”. El Pleno del Congreso podrá aprobar este jueves la enmienda que recoge este punto.
Otras cifras que los diputados tienen sobre la mesa son los cerca de 1.500 millones de euros que el gravamen temporal a las entidades financieras ha recaudado por los récords de beneficios del sector, tanto en 2022 como en 2023, gracias a las subidas de los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE). Este 2024, pese a los recortes del 'precio' oficial del dinero en la eurozona desde mitad de año, los tipos de interés estarán de media en máximos o muy cerca del nivel promedio de 2023, apoyando otro ejercicio extraordinario para los bancos, mientras muchas familias se han visto ahogadas por sus hipotecas a tipo de interés variable.
También han conseguido y están consiguiendo ganancias históricas las energéticas. Los grandes grupos de ambos sectores son monopolísticos y usan su posición dominante para mejorar los márgenes de sus negocios, como se ha visto en esta crisis de inflación. Además, petroleras, eléctricas o gasistas han capturado en sus beneficios buena parte de las ayudas del Gobierno para aliviar el daño de las subidas de precios a familias y otras empresas y autónomos, como las bajadas de impuestos al consumo (IVA, y tributos especiales) y los descuentos al litro de gasolina.
La pelea sobre la prórroga del gravamen temporal a las energéticas, que ha recaudado alrededor de 1.000 millones en 2023, y prácticamente la misma cantidad en 2022, se ha trasladado a un nuevo Real Decreto-ley. PNV y Junts se han alineado desde hace semanas con los intereses de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Endesa o Naturgy y han bloqueado este compromiso de PSOE y Sumar para la formación del Gobierno de coalición.
Estos días, Montero también ha lamentado que está en riesgo la posibilidad de combatir “el fraude de los hidrocarburos”. También ha avisado de que está en juego la “equiparación del precio del diésel y de la gasolina” para seguir “promoviendo la lucha contra el cambio climático, responsable de la DANA” que ha sufrido España. O, un apoyo “a los hábitos de vida saludables”, en referencia a la enmienda que recoge una subida de impuestos al tabaco y a los vapeadores.
Pero hay una amenaza todavía más tangible. Si no sale adelante la transposición de la directiva europea con el suelo del 15% en el impuesto de Sociedades para las multinacionales, España se quedará sin el quinto desembolso de 7.200 millones del Plan de Recuperación. Y, en último extremo, comprometerá los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que deberían servir para cumplir con el compromiso con la UE de limitar el crecimiento del gasto público y reducir el déficit presupuestaria.
Un objetivo marcado por el regreso de las reglas fiscales comunitarias y que, según inciden la vicepresidenta y todos los expertos, necesita de más ingresos si se pretende que no se convierta en un nuevo ejercicio de austeridad, con las consecuencias para el empleo y el crecimiento económico que eso conlleva.
