La Interpol arrestó este miércoles en México a Walter Solís Valarezo, exministro de Ecuador de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), y el Gobierno mexicano rechazó extraditarlo pues aseveró que el exfuncionario cuenta con la “condición de refugiado” desde 2021.
“Solís Valarezo cuenta con la ‘condición de refugiado’ en nuestro país, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y recibirá, por tanto, la protección que la Ley le otorga”, informó la Cancillería en un mensaje en redes sociales.
La @SRE_mx informa que el Sr. Walter Hipólito Solís Valarezo cuenta con la “condición de refugiado” en nuestro país, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y recibirá, por tanto, la protección que la…
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 20, 2024
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció así tras la petición de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, que la semana pasada solicitó a las autoridades mexicanas la extradición del exfuncionario acusado de actos de corrupción.
Dicha solicitud está basada en la acusación que recae sobre Solís Valarezo, quien es considerado el presunto responsable de haber abusado de bienes públicos, por lo que cuenta con una orden de prisión preventiva, aunque desde 2021 se encuentra refugiado en México.
Ante ello, la Cancillería mexicana precisó también que al exministro lo protege el principio de la “no devolución” al país de origen, “establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados y de la cual México es parte”.
Asimismo, señaló que la SRE ha estado en comunicación permanente con la Fiscalía General de la República (FGR) para coordinar las acciones que deben proceder de inmediato, para así garantizar la libertad de Solís Valarezo “y el derecho que tiene a permanecer como residente en el país”.
Solís Valarezo, quien ocupó la cartera de Transporte y Obras Públicas, es uno de los nueve imputados dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016, en las que la Fiscalía ecuatoriana halló indicios de presunto peculado (malversación de fondos públicos) en la gestión de Correa.
Entre los imputados también está el exvicepresidente Jorge Glas, quien el 5 de abril quedó detenido en un asalto de las fuerzas policiales y militares a la Embajada de México en Quito, horas después de que el Gobierno mexicano le hubiese otorgado el asilo al considerarlo un perseguido político.
Este allanamiento derivó en que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador.
