El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una de sus primeras acciones será llevar a cabo una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Para ello, planea declarar una emergencia nacional y utilizar recursos militares como apoyo logístico. Este anuncio se realizó en su plataforma Truth Social, donde también reiteró su intención de revertir las políticas migratorias de la administración de Biden.
El plan contempla acciones drásticas, como cerrar la frontera con México y reanudar la construcción del muro fronterizo, uno de los pilares de su anterior mandato. Según Trump, su objetivo es restaurar el orden migratorio en el país, combatiendo lo que considera un aumento descontrolado de inmigrantes indocumentados bajo la gestión de Joe Biden.
El 8 de noviembre, en Truth Social, la red social de Donald Trump, Tom Fitton, quien dirige el grupo jurídico conservador Judicial Watch, publicó: “BUENAS NOTICIAS. Llegan reportes de que la administración de RealDonaldTrump está preparada para declarar una emergencia nacional y usará a los militares para revertir la invasión de Biden por medio de un programa de deportación masiva”. Ante ello, Trump el 11 de noviembre respondió “CIERTO!!!”.
Al ser consultada sobre los detalles del plan, Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump, afirmó en un comunicado que el expresidente empleará todos los recursos federales y estatales necesarios para llevar a cabo la mayor operación en la historia de Estados Unidos enfocada en deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, traficantes de drogas y personas involucradas en trata de humanos.
La campaña de deportación masiva de Donald Trump no solo implica decisiones políticas y operativas, sino también un elevado costo financiero. Expertos han estimado que ejecutar estas medidas podría requerir cientos de miles de millones de dólares, considerando el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y los recursos necesarios para movilizar a miles de personas fuera del país.
Reanudar la construcción del muro fronterizo y contratar a más de 10,000 nuevos agentes de inmigración son elementos adicionales que incrementarán el presupuesto destinado a esta operación. Aunque Trump no ha especificado cómo financiará estas acciones, sus críticos argumentan que los contribuyentes estadounidenses cargarán con la mayor parte del gasto, lo que podría generar divisiones políticas y sociales.
El tiempo que llevará ejecutar la deportación masiva es otro de los puntos que genera interrogantes. Según especialistas, un plan de esta magnitud podría tardar años en completarse, ya que depende de factores como la capacidad de procesamiento del sistema judicial de inmigración, la disponibilidad de recursos y la cooperación de los países de origen de los inmigrantes.
Las deportaciones masivas no solo implican la identificación y detención de personas en situación irregular, sino también garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales y los derechos humanos. Además, las posibles apelaciones y procedimientos legales podrían ralentizar significativamente el progreso de esta iniciativa.
