El tribunal de garantías, con siete votos a favor y cinco en contra, desestima las alegaciones del partido de extrema derecha contra la norma de 2022 que reconoce el “derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente” a la laguna que se encuentra en situación crítica
Archivo - Vox lleva al Constitucional la ley que da personalidad jurídica al Mar Menor porque “atenta contra la libertad de empresa”
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox presentó contra la ley que desde 2022 reconoce una personalidad jurídica propia al Mar Menor. El pleno, con siete votos a favor y cinco en contra, ha decidido desestimar las alegaciones de la extrema y avala la norma que reconoce a la laguna los derechos a “la protección, conservación mantenimiento y restauración” y a “existir como ecosistema” después de llevar varios años en situación crítica.
El asunto ha sido sentenciado después de varias convocatorias en las que la ponencia se ha retirado para un análisis más profundo del asunto, incluyendo modificaciones hasta este mismo miércoles. Fuentes del tribunal avanzan a elDiario.es que cinco magistrados discrepantes del tribunal presentarán un voto particular contrario en los próximos días.
La norma que ahora avala el tribunal de garantías llegó al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por más de 640.000 firmas. Un movimiento ciudadano que canalizaba las alertas de expertos y ecologistas sobre cómo el Mar Menor se había transformado en una “sopa verde” a raíz de los continuos vertidos procedentes de la agricultura. La primera anoxia llegó en 2019 con la muerte de miles de peces, suceso que se repetiría en 2021.
La situación de emergencia de la laguna vino acompañada de manifestaciones de miles de personas reclamando una mayor protección para el Mar Menor y una ley autonómica que ampliaba la prohibición de emplear fertilizantes químicos. La norma que optó por escalar un peldaño en su nivel de protección y otorgarle personalidad jurídica propia salió adelante en el Congreso a finales de 2022 con la oposición de Vox, que finalmente recurrió la ley al Constitucional.
Las consecuencias prácticas de la ley se manifestaron, por ejemplo, en el caso de la conocida como balsa Jenny: un depósito de contaminantes mineros situado a pocos metros de viviendas de Llano del Beal. Un juzgado de Cartagena, aplicando la norma, decidió dar trámite a los representantes legales de la laguna para personarse en una causa “a fin de salvaguardar los derechos del Mar Menor”.
