Si bien el oficialismo y parte de la oposición no pudo reunir ayer las firmas para dictaminar el proyecto de reforma sindical, no todo fue una derrota política para el frente político. La reforma a la Ley de Contrato de Trabajo a través de la cual se busca limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales, un reclamo de larga data de las cámaras empresarias como parte de su denuncia contra la industria del juicio, tuvo su primer avance concreto en mucho tiempo.
Se trata de un primer paso que dieron ayer, los diputados y diputadas de la Comisión de Legislación del Trabajo que comanda Martín Tetaz, al juntar las firmas para avanzar con la reforma de la Ley N° 20.744 que fija una actualización de los créditos laborales por depreciación monetaria. En concreto, se firmó un dictamen de mayoría, otro de minoría y uno de rechazo.
Sin embargo, para llegar al recinto, todavía requiere transitar por otra comisión, la de Finanzas, a cargo del diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch. Salvo que se habilite una prórroga de ordinarias o eventualmente se lo incluya en un temario de extraordinarias, el proyecto deberá aguardar hasta 2025 para seguir su curso por la cámara.
El dictamen de mayoría toma como base los proyectos de Martín Tetaz (UCR), Mónica Frade (CC) y Eduardo Capozzi (PRO), que modifica el artículo 276 del Régimen de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744 y las modificaciones posteriores sobre régimen de actualización de créditos laborales. También se consideró las iniciativas impulsadas por Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Verónica Razzini (PRO) sobre la misma cuestión.
En la nueva redacción del artículo 276, referido a la actualización por depreciación monetaria, se establece que "los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor - Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con más una tasa de interés del TRES POR CIENTO (3%), desde que cada suma sea debida hasta el momento del efectivo pago."
De igual modo, en un segundo artículo determina que en los juicios pendientes de sentencia definitiva y en los concluidos -donde aún no se haya abonado la indemnización correspondiente- a la fecha de entrada de la ley, "los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados con base en el artículo 768 del Código Civil y Comercial, exclusivamente a través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a las tasas -activas o pasivas- determinadas por el Banco Central de la República Argentina para el período correspondiente".
Además, el dictamen de mayoría establece que "en ningún caso el resultado (de dicha actualización) podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el INDEC con más una tasa de interés pura del tres por ciento (3%) anual".
De prosperar esta iniciativa y conseguir su media sanción y la ratificación posterior en el Senado, las nuevas disposiciones deberán ser aplicadas por los jueces o la autoridad administrativa, "de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor así como también, después de la declaración de quiebra".
Acorde a un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), los juicios por riesgos del trabajo volvieron a dispararse en el tramo final de 2024: en octubre se iniciaron 11.851 nuevas demandas, un 14,3% más que el mismo mes del año anterior. Y en los diez meses del año se registra un aumento del 7,6% por sobre el número de 2023 que ya había crecido un 25% en relación al año anterior. "La situación es alarmante: de enero a octubre los casos ascendieron a 105.960 y se estima que en los dos meses que faltan ingresen otros 22 mil, cerrando 2024 con 128.000 nuevos juicios", consigna el reporte.
Esta tendencia ascendente en la litigiosidad "se ha convertido en uno de los lastres que ahoga la generación de empleo de calidad en el país". Hoy las ART cubren a 10.148.061 personas (trabajadores asalariados en blanco) y a 1,06 millón de empleadores. Pero esa población de trabajadores podría duplicarse si se considera a los independientes (registrados y no registrados) y a los asalariados informales.
Desde 2017, la Ley 27.348 incorporó como obligación, la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) por parte de la Justicia. Obligación que aún sigue pendiente en todas las provincias adheridas con excepción de Mendoza (que avanzó con una primera conformación). En el caso de CABA, al no tener fuero laboral propio, pese a que viene trabajando en esa dirección, dicha obligación recae en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)." La implementación de esa figura es clave para desactivar esta "bomba de tiempo" judicial", sostienen de la UART.
A modo de referencia, para 2023 Argentina tuvo 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, mientras que países como España y Chile registran apenas 9,5 y 5,8, cuando se hace una comparación internacional. Tres distritos, Buenos Aires, CABA y Santa Fe, encabezan el ranking de mayor cantidad de demandas: 42.550, 19.206 y 13.968 casos en el año, respectivamente.
De ahí que mientras las cámaras empresarias demandan poner un techo a la indexación en proceso que suelen arrastrar su resolución por varios años, las ART reclaman el ordenamiento de las pericias judiciales que redundará en menor judicialidad y mejores empleos profesionalizando los Cuerpos Médicos Forenses y objetivizando la valoración del daño, con criterios unificados entre la instancia administrativa de las Comisiones Médicas (validadas recientemente con un nuevo fallo de CSJN por unanimidad) y la instancia judicial.
Acorde a la UART, las estimaciones de juicios para el año en curso anticipan volver a valores cercanos a los 130 mil de 2017, año en que se sancionó con amplio apoyo de todos los sectores, la reforma justamente diseñada para acabar con este gravoso flagelo.
