Las imágenes que siguen llegando tres semanas después del paso de la DANA, que se ha llevado por delante la vida de 215 personas solo en Valencia (cifra a las que se suman siete víctimas mortales en Castilla-La Mancha y una en Andalucía), muestran la cruda realidad a la que se enfrentan cientos de familias que lo han perdido todo, incluidos sus hogares, y no saben cómo deben actuar ante esta catástrofe que les ha tocado vivir.
Al tratarse de una causa de fuerza mayor "se abre la posibilidad de renegociar términos o, incluso, resolver el contrato sin penalización para las partes afectadas", explica Abel Marín, socio del despacho Marín & Mateo abogados, en relación a los contratos de las casas alquiladas afectadas por la riada. Sin embargo, los afectados sí que están obligados a acreditar los perjuicios sufridos y solo aquellos que cuenten con una póliza de seguro vigente podrán acceder a la cobertura proporcionada por el Consorcio de Compensación de Seguros.
En caso de que haya sido una vivienda la que haya quedado parcial o totalmente dañada, y si es un inquilino, sepa que tiene derecho a que el inmueble mantenga unas condiciones mínimas de habitabilidad, lo cual "obliga al arrendador a realizar las reparaciones necesarias", según dictamina la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Ante esta situación, y si la vivienda requiere reparaciones que demanden un tiempo considerable, los arrendatarios pueden solicitar la suspensión del pago de la renta o resolver el contrato.
Si por el contrario se trata de locales o naves industriales en las que desarrollaba un negocio, la continuidad del mismo depende de las condiciones pactadas en el contrato con el propietario, que también puede revisarse al tratarse de una situación excepcional. De este modo, “se abre la puerta a negociar la reducción de renta o (...) resolver el contrato si el desastre ha afectado gravemente la viabilidad del negocio”, subraya Marín.
Asimismo, el abogado pide colaboración y "buena fe" a la hora de renegociar los contratos para "evitar procesos judiciales" que pueden alargarse y, por consecuencia, ser demasiado costosos para ambas partes. Por esta razón aclara que la mejor solución sería agilizar las ayudas económicas de las administraciones públicas y las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, institución dependiente del Ministerio de Economía, que tan solo tras los ocho primeros días después de la DANA ya tenía 116.000 reclamaciones, las mismas que suele recibir en un año, lo que ha obligado al organismo a duplicar la cifra de peritos disponibles.
Se prevé que, dentro de esta cadena de infortunios, el próximo conflicto sea la peritación de los daños para establecer la cuantía a indemnizar al asegurado, tanto en el continente como en el contenido, ya que puede que el importe de la reforma o reconstrucción total de un inmueble dañado sea superior al propio valor del mismo.
