Álvaro Romillo, el líder de Madeira Invest Club (MIC), el 'chiringuito financiero' al que se investiga por la estafa de millones de euros a miles de inversores, ha declarado este miércoles por primera vez en la Audiencia Nacional como imputado por financiación ilegal de partidos políticos en relación a la entrega de 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para su campaña europea, que él mismo confesó ante la Fiscalía General del Estado el pasado septiembre.
El empresario ha ratificado punto por punto los hechos que relató en su denuncia en cuanto a la relación que mantuvo con el eurodiputado, que no ha acudido tras ser convocado para declarar voluntariamente. Sí que ha estado su letrado, que justificó su ausencia con que se encontraba en Bruselas, a lo que el instructor, José Luis Calama, ha respondido con un reproche por la falta de consideración que -para él- supone. Pese a ello, ha trasladado a este Juzgado de Instrucción número 4 su disposición para que finalmente comparezca próximamente.
Romillo ha contestado a las preguntas tanto del magistrado Calama como a las de la Fiscalía Anticorrupción, su propio abogado y el representante legal del líder de Se Acabó la Fiesta (Salf). Señaló en sede judicial que mantenía una vinculación profesional con Alvise de cierta antigüedad y que esta respondía a que resultaba provechosa para los intereses de ambos. Como explicó en su denuncia, el propietario de MIC facilitaba al político medios para la recaudación de fondos (carteras de criptoactivos) dirigidos la financiación de su formación en los meses anteriores a que se presentase a las elecciones europeas del pasado junio. El resultado que su candidatura obtuvo en esta cita electoral le permitió desembarcar por primera vez en las instituciones con tres escaños en el Parlamento Europeo.
A cambio de sus servicios, el dirigente de Salf le ofreció "favores futuros" como hacer lobby en pro del entramado societario del empresario a través del impulso desde la Eurocámara, primero, y, en el futuro, en las Cortes Generales españolas, de una legislación ventajosa para el sector crypto en el que trabajaba este empresario. Su defensa confirmó que no habían firmado en ningún momento contrato alguno que formalizase su relación contractual.
Romillo ha confirmado, según trasladó su abogado, que los 100.000 euros que le dio en metálico salieron de Zentinel, una de las mercantiles que se investiga en la causa principal ("caso Madeira Invest Club") por la apropiación del dinero que antiguos clientes le confiaron para la elusión fiscal o la realización de inversiones que ofrecían jugosos intereses de vuelta. Romillo se decidió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público que abrió el procedimiento al ver que las cuentas de las sociedades que poseía en Portugal habían sido bloqueadas y tras deducir que este embargo se produjo precisamente por esta relación con Alvise, ahora bajo investigación de la Audiencia.
La acusación popular, que ejerce en solitario Aránguez Abogados, no ha podido hacer preguntas al imputado por un obstáculo procesal en relación a que no se habría depositado la fianza que el instructor pedía para hacer efectiva su personación. Desde este despacho han anunciado la presentación este mismo miércoles de un recurso para que Alvise comparezca próximamente al entender que hay indicios de su relación con la estafa piramidal que se atribuye a MIC como tercero a título lucrativo.
No hay que olvidar que el político está aforado en el Tribunal Supremo como parlamentario europeo y este es el único tribunal competente para investigarle y juzgarle, por lo que si Calama acaba observando indicios delictivos en su papel en esta entrega de 100.000 euros y su relación con Romillo, tendrá que elevar una exposición razonada para que sea el alto tribunal el que decida si lo imputa o no.
Paralelamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha requerido a las cuatro acusaciones populares en el procedimiento principal de macroestafa en Madeira Invest Club para que los más de 1.100 afectados, que denuncian la pérdida de más de 117 millones de euros, aporten un escrito en el que cada uno "relate sus circunstancias particulares (edad, estudios y formación profesional)" y cómo conocieron a esta empresa, "así como el proceso que llevaron a cabo para tomar la decisión de invertir" en MIC.
El juez Calama pone el foco de su interés para las pesquisas en si la decisión de invertir "fue unilateral ose les invitó de cualquier manera por los investigados (Romillo) a llevarla a cabo", además de si el contacto que mantenían con los principales miembros de la presunta estafa piramidal fue "personal o telemático" y si "llegaron a disfrutar de parte o no de la inversión" que realizaron. También interesa en el requerimiento al que ha tenido acceso LA RAZÓN si el empresario o sus colaboradores "llegaron a poner a su disposición información para sostener la bondad" de MIC, más allá de lo que anunciasen en el sitio web de la compañía.
