El Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley del PSOE para obligar a las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural a que incluyan en sus páginas web, contratos y facturas información sobre las entidades que están a disposición de los consumidores para que estos puedan resolver sus litigios con las empresas. La propuesta salió adelante con la abstención del PP y la oposición de Vox, único partido que votó en contra. Los primeros se abstuvieron porque creen innecesario redactar un proyecto de ley para modificar una norma que en lo fundamental ya está en vigor -las compañías ya están obligadas a ofrecer a sus usuarios mecanismos de resolución de conflictos-, cosa que según los populares podía hacerse añadiendo una enmienda a alguna iniciativa en trámite. Los segundos votaron en contra por la misma razón, aunque fueron más contundentes. Los de Abascal juzgaron la propuesta del PSOE como una «nimiedad» de «folio y medio» cuya única intención «es hacer el teatro, el paripé de que aquí, en esta Cámara, y en esta legislatura, se está legislando algo», espetó su portavoz. En contra también está Junts, aunque por otros motivos. Según avanzó ayer Josep Maria Cruset, los nacionalistas presentarán una enmienda a la totalidad del texto por entender que supone una invasión de competencias a Cataluña. La ley se refiere a los sistemas alternativos de resolución de litigios (ADR por sus siglas en inglés), que son un mecanismo contemplado en España como una alternativa al proceso judicial en casos de disputas contractuales, y sin embargo muy desconocido entre los consumidores. En un ADR, las dos partes acuerdan la intervención de una entidad tercera que es la que lleva a cabo el procedimiento de resolución, ya sea imponiendo o proponiendo una solución o reuniendo a las partes para encontrar una solución entre ambas. En España, esta materia está regulada, entre otras, por una ley de 2017 que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea relativa a la resolución de litigios en materia de consumo. Entre otras cosas, con esta transposición se establecieron los requisitos que deben cumplir las entidades que actúan como 'terceros mediadores' para entidades para ser incluidas en los listados de entidades acreditadas. Como ya se ha avanzado, las eléctricas ya están obligadas a ofrecer a sus clientes la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una ADR. En boca de Emilia Almodóvar Sánchez, el PSOE explicó ayer la reforma asegurando que el principal objetivo es armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas, precisamente, para dar a conocer una opción legal generalmente muy desconocida. «Ellos [los consumidores] deben de saber que pueden acudir a un lugar diferente al judicial cuando tienen que reclamar una queja, un error en su factura, un error en sus contratos o en sus suministros«, aseguró Almodóvar. Hay que recordar que el hecho de que un usuario recurra a un ADR no elimina la vía judicial, pero su existencia alivia la carga de trabajo de los juzgados, como esgrimió ayer el grupo Sumar. Por parte del PP, Guillermo Mariscal admitió que está de acuerdo con que hay que ampliar los mecanismos de arbitrio a la hora de resolver conflictos que tienen que ver con el factor eléctrico o gasista, pero criticó que se haga mediante una proposición de ley y no mediante una enmienda a alguna iniciativa actualmente en trámite.
