Con un llamado a licitación pública nacional e internacional, el Gobierno avanza en la privatización de la "Vía Navegable Troncal", que de concretarse -por el modelo de contrato- dejará afuera al estado por 30 años de la gestión y el mantenimiento.
Sobre la tarde del martes en la Administración General de Puertos (AGP), y frente a algunos representantes del sector empresario, el jefe de Ministros, Guillermo Francos, anunció el nuevo esquema que se busca para la Hidrovía: de concesión privada, a riesgo empresario.
"Los pliegos son el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía (Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones)", destacaron en el comunicado de Jefatura de Ministros. De la cual aseguran no existió una participación del expresidente Mauricio Macri ni de sus cuadros técnicos, pese a sus declaraciones y exigencias públicas.
La licitación la llevará adelante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que conduce Iñaki Arreseygor . La cual recibirá ofertas hasta el 29 de enero de 2025, aunque destacaron que es una fecha que podría prorrogarse en caso de que los pliegos se modifiquen.
"Permitirá una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas", sostuvieron entre las cuales estipulan estarán principalmente chinas, holandesas y belgas. Aunque aseguran que habrá exigencias para garantizar la trayectoria y capacidad técnica de quienes ganen la licitación como también su solvencia financiera.
Dentro de la licitación se prevé un plan de inversiones para la modernización integral del funcionamiento y gestión de la vía como la homogeneización de profundidades para evitar efecto embudo en Río de la Plata; profundización del sistema; ensanches de solera en los canales, nuevas zonas de sobrepaso y de fondeo.
Como también que el Bravo-Guazú-Talavera alcance una profundidad de 28 pies; la incorporación de nuevas tecnologías para realización de más y mejores batimetrías; y el recambio de la totalidad del equipo de balizamiento a partir de nuevas tecnologías.
A la par de precios de referencia para el dragado de acceso a puertos; nuevos sistemas de tecnología para informar determinantes dinámicas; sistemas de aviso a las embarcaciones en caso de accidentes; e incorporación de cartas náuticas digitales.
A nivel de la seguridad, que correrá por los privados pero con participación de prefectura, se buscará la incorporación de sistemas tecnológicos para un apoyo a la gestión del tráfico e identificación de los buques, así como iluminación antinarcotráfico y antiterrorista. Junto con nuevas bases de monitoreo, con cámaras y sistemas satelitales de seguimiento de los buques y flotas; y la incorporación de 13 drones a disposición de las fuerzas de seguridad.
En cuanto al ahorro que le implica al estado, según calculan, a enero de 2023 el déficit de la Hidrovía alcanzaba los u$s 90 millones. Una cifra que se generó por atraso de tarifas de la gestión anterior, pero también por la menor circulación a causa de la sequía del año pasado.
"Este año ordenamos las cuentas con respecto al personal, los costos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Hoy el neto se equilibrio, no hay flujo negativo, pero tenes al estado metido en un trabajo que tienen que hacer los privados", afirmaron fuentes oficiales Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Pero los beneficios también los tendrán los privados. Según estima el presidente de la Cámara de Puertos Comerciales, Luis Zubizarreta esta privatización va a dar una eficiencia de u$s 10 por tonelada, la cual "va a ir a parar a las manos del productor que va a tener un incentivo".
"Este paso que estamos dando es a riesgo empresario sin avales del estado. Aquí es la propia carga la que va a pagar la obra y no necesitamos que el estado ponga un peso, lo que si necesitamos es un pliego que sea ambicioso y apunte a un sistema de navegación muy eficiente", aseguró.
