El convenio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por el que 1,5 millones de españoles recibían asistencia sanitaria parece haber llegado a su fin. Las aseguradoras que hasta ahora presentaban servicio (Adelas, ASISA y DKV) han decidido no presentarse para renovar el concierto vigente al considerar que la prima que se les ofrece para cubrir los costes asistenciales es insuficiente.
Ante ello, el Ministerio de Sanidad ha planteado la transferencia paulatina del millón y medio de funcionarios que recibían asistencia a través de Muface a la sanidad pública, así como la distribución de los 2.681 millones de euros destinados a las aseguradores entre las comunidades autónomas.
El abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal se ha pronunciado acerca de esta posición del Ministerio en lo que ha considerado que "el Gobierno les ha dejado tirados". Bal sería uno de los afectados de esta situación de Muface como abogado del Estado. "Gente ya mayor que lleva toda la vida trabajando en lo público que ahora tendrá que ir a la Seguridad Social. En Madrid, tardan meses en darte cita. Un millón y medio de votos menos", afirmaba en su perfil de la red social 'X'.
Los comentarios de Bal han generado multitud de críticas en respuesta a su tuit por lo que ciertos usuarios consideraban un desafecto por la Seguridad Social. El abogado considera que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha 'cargado' la Sanidad pública demorando citas médicas a un plazo de ocho meses llegando a una situación irreversible para la asistencia sanitaria pública.
Según ha recogido Confilegal, para Bal no hay duda de que esta situación parte de un concepto "absolutamente sectario, político y demagógico del Gobierno de España. Esto lleva intentando hacerlo Yolanda Díaz años toda la legislatura".
El exdiputado de Ciudadanos defiende que es necesario renegociar con las aseguradoras en pos de buscar un atender la sanidad de los funcionarios afectados. "Si no es por estos miserables 105 millones de euros, que es lo que hace falta para atender a la sanidad de 1,5 millones de funcionarios", afirmaba Bal, "por lo menos que negocien con las aseguradoras un seguro colectivo en el que nos podamos voluntariamente incorporar por un precio razonable con la misma cobertura que tenía anteriormente".
