Un tribunal de Hong Kong condenó el martes a penas de cárcel de hasta diez años a 45 activistas prodemocracia, en el mayor juicio celebrado en esta ciudad semiautónoma china por una draconiana ley de seguridad nacional impuesta por Pekín.
Los condenados, entre los que hay destacadas figuras del antes diverso panorama político hongkonés, fueron arrestados por organizar unas elecciones primarias informales en 2020 dentro del bando prodemocrático de cara a obtener una mayoría en el legislativo de la ciudad.
El "cerebro" de esta consulta, el jurista Benny Tai, recibió una sentencia de diez años de cárcel, la más elevada decretada bajo esta ley impuesta en 2020 tras las masivas y a menudo violentas protestas prodemocráticas del año anterior.
Junto a Tai, los políticos prodemocracia Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung y Gordon Ng, este último con nacionalidad australiana, fueron señalados como organizadores principales de la consulta y recibieron sentencias de hasta siete años y tres meses de prisión.
La sentencia mínima impuesta al resto de los 40 acusados es de cuatro años y dos meses.
En un comienzo, las autoridades de Hong Kong arrestaron en enero de 2021 a 47 personas vinculadas en este caso, pero dos de ellas fueron absuelvas el pasado mayo.
Los 45 fueron llevados el martes a la corte y amontonados en el banquillo de los acusados, desde donde ocasionalmente saludaban a la galería del público.
Entre los asistentes estaba uno de los dos absueltos, el exconcejal de distrito y bailarín callejero Lee Yue-shun, que expresó su "preocupación por este importante caso" a pesar de haber quedado exonerado.
"Hemos perdido muchas libertades (...) La absolución significa que yo he perdido una menos", dijo a la AFP.
Las condenas internacionales no tardaron en llegar, con duras críticas de varios países y organizaciones de derechos humanos por la erosión de las libertades políticas en la ciudad, desde que Pekín impuso la ley de seguridad nacional.
Es "otro golpe sin precedentes contra las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo" en ese territorio, señaló la UE en un comunicado.
Por su parte el gobierno británico acusó a las autoridades de Hong Kong de utilizar la ley de seguridad nacional para "criminalizar a la oposición política".
"Quienes fueron condenados estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, reunión y participación en la vida política", destacó en un comunicado la subsecretaria de Estado británica para la zona Indo-Pacífico, Catherine West.
El gobierno australiano dijo estar "gravemente preocupado por la sentencia y afirmó que continuaría defendiendo los "mejores intereses" de Ng.
"Cabellos largos" Leung Kwok-hung, de 68 años y fundador del último partido de oposición de la ciudad, la Liga de Socialdemócratas (LSD), fue sentenciado a seis años y nueve meses.
Su esposa y líder del LSD, Chan Po-ying, dijo a la AFP frente al tribunal que la sentencia estaba "dentro de nuestras expectativas". "Es lo que es, no importa si río o lloro, así que elijo reír un poco", expresó.
Tras conocer el fallo, la madre del sentenciado Henrick Lui sacó una pancarta con la frase: "Los justos vivirán, los malvados morirán".
Leticia Wong, exconcejala de distrito por un partido prodemocracia ahora proscrito, comentó a la AFP que las sentencias "animan a las personas a declararse culpables y testificar contra sus compañeros".
"Para quienes se niegan a ser domados, el castigo es obviamente mayor", aseguró Wong.
Un portavoz del consulado estadounidense en Hong Kong apuntó que Washington "condena firmemente" las sentencias y que los acusados fueron "encarcelados por participar pacíficamente en la actividad política normal".
La presidencia de Taiwán, una isla de gobierno autónomo y democrático reclamada por Pekín, condenó "el uso de parte del gobierno chino de medidas judiciales y procesos injustos para suprimir la participación política y la libertad de expresión de los activistas prodemocracia de Hong Kong".
"La democracia no es un crimen", dijo la portavoz de la presidencia taiwanesa, Karen Kuo.
Por su parte, China acusó a los países que critican la sentencia de "profanar y pisotear el espíritu del estado de derecho" y les advirtió evitar interferencias.
Igualmente, el ministro de Seguridad de Hong Kong, Chis Tang, aseguró que las sentencias contra los activistas "reflejan la severidad del crimen".
Pero Maya Wang, subdiretora de Human Rights Watch para China, afirmó que "las duras sentencias de hoy (...) reflejan cuán rápidamente han decaído las libertades civiles y la independencia judicial los últimos cuatro años en Hong Kong".
A su vez, la directora ejecutiva del Hong Kong Democracy Council, Anna Kwok, condenó las sentencias como "un ataque contra la esencia de Hong Kong, que añora la libertad, la democracia y el derecho a la expresión política".
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