Durante los días inmediatamente posteriores a la tragedia de la gota fría en la provincia de Valencia, el gasto en consumo vía tarjeta en los municipios más afectados llegó a caer más de un 95% con respecto a la semana anterior: tal como constató el BBVA Research en su seguimiento semanal de los efectos de la DANA, Paiporta, Palanques, Requena, Alcoi o Cerdà sufrieron desplomes en su consumo propios (o peores) a los de una guerra. Que el gasto en consumo se reduzca casi un 100% equivale a haber borrado del mapa toda vida social y económica de tales municipios. La causa más obvia de este desmoronamiento del consumo reside en la devastación de los centros de distribución de esos bienes de consumo: si las tiendas, los comercios y los supermercados han sido arrasados o inutilizados por el agua, entonces difícilmente los vecinos (aun cuando cuenten con ciertos ahorros en el banco) podrán adquirir los bienes de primera necesidad que tan urgentemente necesitan. Y que los efectos del desabastecimiento de alimentos y de otros productos esenciales no hayan sido mucho más gravosos de lo que ya fueron se ha debido, en primer lugar, a la oleada de ayudas voluntarias que, desde todos los rincones de España, recibieron los ciudadanos ante la inacción de la clase política. Pero, como es obvio, el suministro regular de alimentos no puede descansar a medio plazo en las redes de filantropía social, sino que es necesario que la cadena logística vaya normalizándose y que, en suma, el abastecimiento regrese por sus cauces habituales.
Al respecto, las grandes cadenas de distribución españolas también están trabajando a destajo no sólo para reabrir sus puntos de venta, sino para que toda la cadena de distribución (desde el productor primario al consumidor final) funcione a plena capacidad. Por ejemplo, Mercadona reabrió recientemente sus supermercados en Albal y Picanya y Consum hizo lo propio en Albal y Alginet. En este sentido, todos deberíamos resaltar el enorme y fundamental trabajo que están desempeñando las empresas y los empleados de este sector, tan esencial como el de los militares, policías o, desde luego, periodistas informando en la zona. Por eso resultan poco explicables las impertinentes inspecciones iniciadas por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, contra los supermercados que se mantuvieron abiertos durante la alerta roja o naranja de la semana pasada: es crucial acelerar la normalización del suministro de productos esenciales en los municipios más afectados y los políticos, en lugar de ayudar a las cadenas de distribución, parecen más interesados en laminarlas con su rodillo sectario e ideologizado. ¿Por qué, de hecho, el secretario de Estado ha cargado contra los supermercados que se mantuvieron abiertos durante la reciente alerta naranja o roja y no, en cambio, contra los periodistas de grupos de comunicación afines al Gobierno que también mantuvieron a sus profesionales sobre el terreno informando sobre lo que estaba acaeciendo? ¿Es más fundamental la información que los alimentos? ¿Por qué contra unos sí y contra los otros no? Lo que toca ahora es dignificar y aplaudir el heroico trabajo que todos los trabajadores del sector están realizando para acelerar la salida de la crisis, no criminalizar su labor.
