Aunque el Gobierno incluyó entre los compromisos contemplados dentro del plan fiscal –remitido a Bruselas a mediados de octubre– el mantenimiento «de manera permanente» de los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas, lo que pasaba por convertirlos en impuestos, lo cierto es que esta tentativa se cayó apenas unos días después, dejando en el disparadero al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Gobierno ha tratado hasta ahora de salvar al menos el de la banca, con el objetivo de acercarse aunque fuera de refilón a la obligación de reducir el déficit público al 2,5% del PIB impuesto sobre el papel por Bruselas para el año que viene.
La senda de déficit que el Gobierno envió a Bruselas establece que se situará en el 3% cuando acabe este año –la Comisión Europea confía en sus últimas previsiones en que se cumpla y España se alinee con las reglas fiscales – y que bajará al 2,5% en 2025, sin tener en cuenta ciertas desviaciones propias de las necesidades de gasto adicional para paliar los efectos de la riada en Valencia. Sin embargo, Bruselas estima estos desajustes en un escenario como el actual, en ausencia de Presupuestos, y por tanto con los ingresos de estos dos ingresos temporales.
Los gravámenes de la banca y de las energéticas se configuraron como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria para que ambos sectores contribuyeran con un aporte adicional a paliar los efectos de la desorbitada inflación por el aumento de los costes energéticos, principalmente, hasta finales de este 2024. Desde el primer momento fueron recurridos por ambos sectores por su carácter confiscatorio.
El gravamen de las entidades de crédito ha recaudado 1.695 millones de euros en 2024. El gravamen a las empresas energéticas se ha situado en los 1.164 millones de euros.
El plan de ajuste fiscal remitido a la Comisión Europea contemplaba una recaudación de unos 2.000 millones al año sumando ambos impuestos con los que cumplir con las reglas fiscales europeas en los próximos años.
Pero la disminución de los beneficios de las energéticas en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022, unido a las advertencias de paralización de las inversiones necesarias para la electrificación y la transición verde, tumbaron esa primera opción que ahora el Congreso frena también para la banca.
Sin ambos, los objetivos de reducción del déficit serán más complejos en ausencia de medidas de reducción del gasto público que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios en el Ejecutivo se resiste a realizar.
De hecho, la propia Comisión Europea, que contempla que España incumpla su propio objetivo de déficit del 2,1% para 2026 por la ausencia de estos ingresos y de los nulos recortes. «Se prevé que en 2026 el déficit de las administraciones públicas aumente ligeramente, hasta el 2,7% del PIB, debido a la expiración de los gravámenes sobre los bancos y las empresas energéticas», concluye la Comisión Europea.
