El Gobierno sigue acumulando reveses por la política puesta en práctica de forma sistemática por el Ministerio de Transición Ecológica que todavía dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuya polémica candidatura a la Comisión Europea tiene atascado el Ejecutivo comunitario.
El último viene de Estados Unidos y su efecto provoca que España sea considerada "de facto" un país deudor en ese país por los impagos a las renovables. En concreto, por la decisión del Tribunal del Distrito de Columbia, que ha ordenado el cumplimiento del laudo arbitral emitido por el CIADI en favor de la japonesa JGC Corporation, consolidando una obligación de pago de 36,1 millones de dólares.
El fallo del juez Rudolph Contreras permite que los litigantes puedan buscar la ejecución del laudo en EE UU, otorgándoles herramientas legales adicionales frente a la negativa de España a pagar y a los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, indican fuentes próximas al procedimiento.
Desde ahora, España no solo es un país deudor ante los ojos de la justicia de Australia, Bélgica o Reino Unido, sino también de Estados Unidos, que asume el laudo del CIADI y le dará idéntica validez y tratamiento que una sentencia emitida en sus tribunales de justicia.
El varapalo es doble porque la cantidad reconocida incluye intereses de demora que han aumentado la deuda inicial en un 53,6%, revelan las mismas fuentes. Además, desde este fallo los intereses se calcularán al 4% anual, triplicando el ritmo al que se venía aplicando.
Las consecuencias son múltiples. Al descrédito por los bandazos ante los inversores presentes y futuros en plena "revolución verde", la fallida política de Ribera añade haber situado a España al nivel de Venezuela y Rusia en lo que a incumplimientos de sentencias de tribunales de arbitraje se refiere, y a la creciente deuda contraída por los intereses acumulados.
Asimismo, España se arriesga el embargo de bienes en EEUU si no cumple con el fallo en un momento de cambio de rumbo en la política estadounidense. Y es que España ya ha sufrido fallos que abren la puerta al embargo de inmuebles, activos financieros, títulos de deuda, cuentas bancarias, etc.
JGC Corporation, que se vio afectada por los recortes retroactivos en las primas renovables, inició su reclamación en 2015 por 93,5 millones de euros. El CIADI falló a su favor en 2021, pero España intentó anular el laudo sin éxito en un proceso que concluyó en febrero de 2024.
España debe a sus acreedores 1.562 millones de euros en indemnizaciones y enfrenta sobrecostes financieros y legales por 326 millones adicionales.
Ribera reconoció en su examen ante el Parlamento Europeo su implicación en esta fallida política de dilación de las sentencias, que la obligará a apartarse de la investigación en el caso de que las denuncias lleguen a Bruselas.
