La demanda del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para anular la denominada ley de impunidad, que establece que prescriban crímenes de lesa humanidad, sigue en un lento proceso en el Tribunal Constitucional (TC), con miras a resolverse el próximo año, mientras que los involucrados en esos graves delitos insisten en buscar beneficiarse por la cuestionada norma.
La ley 32107, promulgada por el Congreso a inicios de julio de este año, luego de que la presidenta Dina Boluarte no la observara y la dejara pasar, dispone que se extinga la sanción por delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 1 de julio del 2002, pese a que estos crímenes son imprescriptibles, según el derecho y la justicia internacionales, criterio reconocido por el nuestro país, como ya aclaró el TC en el año 2011.
La norma fue planteada e impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, y José Cueto, de Honor y Democracia, antes de Renovación Popular.
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Ante esto, el CAL presentó en setiembre último una demanda de inconstitucionalidad al TC, en la que pide que anule la cuestionada ley porque contraviene nuestra Constitución, máxima normativa del país que reconoce los acuerdos internacionales que reiteran la imprescriptibilidad de esos graves crímenes.
Esta demanda fue admitida a trámite en el TC el mes pasado, decisión que se comunicó el 22 de octubre. Desde entonces, se considera un plazo de un mes en que el Congreso debe enviar su respuesta a la demanda. Luego, otro periodo de un mes para que se programe audiencia, que por el receso de fines de diciembre quedaría como caso pendiente para el próximo año.
“Lo más probable es que se vea el 2025, en enero o febrero. Nosotros ya tenemos para respaldar nuestra posición, pronunciamientos anteriores del TC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Poder Judicial no se está aplicando la ley”, dice Mauro Leandro, director de Ética del CAL.
Considera que la norma buscaba favorecer a Alberto Fujimori, que alistaba una candidatura, antes de fallecer, además de otros imputados en casos de delitos de lesa humanidad. “Se iba a generar una impunidad general. Esa era la preocupación al darse esta norma”, aduce.
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En el Ministerio Público
El Ministerio Público, aunque anunció que presentaría también demanda de inconstitucionalidad contra esa norma, no lo ha hecho todavía. Le corresponde a la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, poner en agenda el texto de la demanda para que la Junta de Fiscales Supremos pueda aprobarlo.
Mientras, varios imputados de crímenes de lesa humanidad intentan quedar impunes usando esta ley. A inicios de este mes se supo que decenas de exmilitares solicitaron acogerse a la ley 32107. Entre ellos, hay integrantes del sanguinario grupo Colina, incluidos su jefe Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal García, perpetradores de matanzas en el gobierno de Alberto Fujimori, que llevaron a prisión al propio exmandatario.
Otros solicitantes están imputados en casos de desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre otros delitos, en el conflicto armado interno de los ochenta y noventa, que enfrentó a militares, grupos subversivos y otros civiles, e incluyó hechos de terrorismo y delitos contra los derechos humanos.
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Ante tres de estas solicitudes, los jueces han rechazado las solicitudes alegando que contravienen la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por el Perú. En los otros casos, se espera pronunciamiento de la Corte Penal Nacional. Asimismo, las apelaciones deben resolverse en la Corte Suprema.
“El pronóstico es demoledor para quienes promovieron la ley. Creemos que en la Corte Penal Nacional no aplicarán la ley y en la Corte Suprema tampoco”, dice el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a los deudos de víctimas en estos casos.
Ante esta situación, en el Congreso se impulsa un proyecto de ley que busca sancionar a jueces que no apliquen la cuestionada norma de prescripción de crímenes de lesa humanidad.
En este escenario, crece la expectativa sobre lo que pueda decidir el TC en esta demanda.
En el caso del general Wilfredo Mori, de la matanza de Accomarca, el TC le denegó habeas corpus, pero en voto singular, el magistrado Pedro Hernández asumió la tesis favorable a la prescripción de delitos de lesa humanidad.
Además, la presidenta del TC, Luz Pacheco, en audiencias y entrevistas ha cuestionado que duren tanto los casos judiciales de derechos humanos que tienen imputados a militares. ❖
El Colegio de Abogados de Lima también alista una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que quita facultades de investigar a la Fiscalía, desde el inicio, los casos delictivos, según contó el director de Ética, Mauro Leandro. “Ya estamos por terminar y en diciembre debemos de ingresarlo al TC. Se está haciendo un estudio”, comentó .
Además, anunció que están elaborando proyectos de ley para superar las normas que ha dado el Congreso y que favorecen el aumento de la criminalidad. “Estamos actuando para enmendar la situación actual”, dice.
