El Tribunal Supremo ha tumbado la posibilidad de edificar un centro comercial de 4.000 m2 junto a Ses Fontanelles, una codiciada zona protegida. Sin embargo, la promotora prevé levantar una urbanización de 450 viviendas -con precios en torno a los 500.000 euros- que destruirá 91.000 m2 de territorio
Los rasgos insólitos del barco romano que será extraído del fondo del mar balear: “Es un compendio de la evolución”
Ses Fontanelles, el último humedal de alto valor ecológico que sobrevive en Palma, no se libra de los embates urbanísticos. Desde hace décadas, la amenaza constructora ha sobrevolado este espacio de 32,5 hectáreas en el que conviven antiguas salinas, canteras, acequias, cultivos, pinares litorales y carrizo y donde nidifican las aves migratorias. Es, a ojos de los ecologistas, un ecosistema de valor incalculable. Ahora, el Tribunal Supremo ha echado por tierra la posibilidad de edificar en la zona un centro comercial de 4.000 metros cuadrados, como preveía la multinacional francesa Unibail Rodamco. Sin embargo, el Ajuntament de Palma, gobernado por PP y Vox, ha dado luz verde a un proyecto que contempla la construcción de una macrourbanización de 450 viviendas -con precios en torno a los 500.000 euros-, que provocará la destrucción de 91.000 m² de territorio, 45.000 de los cuales serán ocupados por las viviendas, mientras el resto será destinado a uso comercial y a otros equipamientos.
Mientras determinadas voces, como la del investigador y doctor en Geografía Iván Murray, apuntan a Ses Fontanelles como una de las muestras más evidentes de la especulación turístico-inmobiliaria de Mallorca, Ses Fontanelles continúa librando su particular batalla contra los intereses financieros que se abaten sobre su riqueza natural. La semana pasada, el Consistorio palmesano aprobaba de forma inicial la modificación del Plan de Reconversión Integral de la Platja de Palma (PRI) para posibilitar la edificación de los nuevos bloques residenciales, que quedarán en manos de la misma empresa promotora. Para que la iniciativa salga adelante de forma definitiva, Unibail Rodamco debe resolver un total de 52 deficiencias técnicas. Desde el Ajuntament aseguran que el nuevo proyecto garantizará la protección de la zona húmeda de Ses Fontanelles, minimizará la superficie edificable y apostará por el comercio de proximidad.
Los continuos intentos de edificar en esta zona, un codiciado objeto de deseo dada su privilegiada ubicación frente a la Platja de Palma y su proximidad al aeropuerto, han dado pie a lo largo de las últimas décadas a numerosas manifestaciones y otros tantos embates judiciales. Con la inauguración del aeropuerto de Son Sant Joan en 1959, el turismo de masas irrumpió en Ses Fontanelles y se implantó definitivamente en este espacio, con la consiguiente edificación de hoteles y urbanizaciones, así como la ampliación de carreteras, primero, y la puesta en marcha de la autopista, en 1986, para facilitar el acceso de los visitantes. Una de las consecuencias de los cambios sufridos en Ses Fontanelles son las frecuentes inundaciones de la zona.
Entre otros hitos, en 1972 se decidió que Ses Fontanelles era el lugar propicio para la construcción de un parque de atracciones al que denominaron 'El carrusel de Mallorca', cuya puesta en marcha buscaba explotar turísticamente la zona y ofrecer una alternativa de ocio a los propios mallorquines. El cemento comenzaba a tantear este caramelo situado a las afueras de la capital balear. Con todo, las instalaciones permanecieron abiertas tan solo un año y un circuito de karting sustituyó las atracciones, los toboganes y los trenes infantiles. Los dos proyectos acabaron fracasando, pero la zona quedó pavimentada para futuras edificaciones a la par que el humedal, a raíz del vertido de escombros y basura, sufría las acometidas del abandono y la degradación.
Desde entonces, este espacio ha continuado en el punto de mira de políticos y empresarios, sobre todo a finales de los años noventa y los años 2000, hasta tal punto que, en 2015, un activista del Grupo de Ornitología Balear (GOB), Mariano Reaño, decidía irrumpir en la junta de accionistas de Unibail en París con el objetivo de protestar contra el megacentro comercial Palma Springs que, un año antes, con un presupuesto de 235 millones de euros, había anunciado la promotora en ses Fontanelles. El pasado mes de agosto, sin embargo, el Supremo tumbaba los planes del gigante europeo de los centros comerciales al avalar la zonificación que el anterior equipo de gobierno de izquierdas del Consell de Mallorca estableció para ordenar el sector comercial en la isla y promover un desarrollo equilibrado y sostenible.
Unibail recurrió así sin éxito el Plan director sectorial de equipamientos comerciales de Mallorca (PECMa) aprobado durante la pasada legislatura. La empresa recriminaba que el artículo 17 de la normativa, que regula en 40.000 m² los límites de superficie comercial máxima para cada establecimiento, no reúne las “condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad” para fijar tales medidas. Sin embargo, la sentencia del Alto Tribunal responde que, al contrario, el tope establecido es “necesario y proporcionado” para el modelo territorial de la isla, “centrado en la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la protección de los consumidores” y que, añade, “ya demuestra signos de saturación en la temporada de máximo índice de presión humana”.
La resolución asevera, en este sentido, que los equipamientos comerciales con una superficie mayor de 13.000 m² “ya tienen una influencia territorial de ámbito insular”, por lo que recalca, respecto al tope de 40.000 m², que “no se aprecia circunstancia alguna que permitan apreciar que tales limitaciones no fueran las más idóneas y las menos lesivas”. “El artículo 17 del PECMa no vulnera la legalidad, en la medida que contempla medidas proporcionales y motivadas, no incide en arbitrariedad y atiende a razones de interés general”, determina el Supremo.
Se da la circunstancia de que el Alto Tribunal desestimó el pasado mes de abril otra reclamación de Unibail, que reclamaba al Estado y a la Comunidad de Madrid ser indemnizada con más de 10 millones de euros “por los daños causados por la gestión de la pandemia de la COVID-19”, en relación con el estado de alarma, sus prórrogas y las órdenes de desescalada respecto al primero, y con las medidas limitativas del ejercicio de actividades económicas por parte de la segunda. En línea de lo manifestado por la Abogacía del Estado y la de Madrid, el Supremo rechazó las pretensiones de la empresa al alegar que las medidas se adoptaron en unas circunstancias de fuerza mayor, como lo fue la crisis sanitaria de 2020.
El Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de abril otra reclamación de Unibail, que reclamaba al Estado y a la Comunidad de Madrid ser indemnizada con más de 10 millones de euros "por los daños causados por la gestión de la pandemia de la COVID-19". El TS rechazó las pretensiones de la empresa al alegar que las medidas derivadas del estado de alarma se adoptaron en unas circunstancias de fuerza mayor, como lo fue la crisis sanitaria de 2020
Ahora, la empresa se encarga de matizar las deficiencias de un proyecto urbanístico -ya sin centro comercial- que, tal como recoge la memoria económica que acompaña a la modificación del PRI, “integra en una misma propuesta los intereses públicos y privados, las arquitecturas y los suelos, tanto los que le corresponden a la administración pública como los que le corresponden a la iniciativa privada, configurando un proyecto intenso y de calidad que integre los valores paisajísticos del lugar en el que se emplaza”. Según la promotora, todos estos usos “supondrán un revulsivo y una transformación social muy significativa”.
En concreto, la mercantil quiere interconectar en la zona los sectores terciarios, el senior housing, el comercio, la vivienda libre, el residencial socio-asistencial y la restauración, entre otros, “con una voluntad de definir un centro urbano de gran calidad” en aras a convertir Ses Fontanelles “en un lugar de referencia del mundo urbano”. Unibail, con la que elDiario.es ha intentado ponerse en contacto sin recibir respuesta, asegura que el espacio natural y el urbano se “fusionarán” en un nuevo proyecto que “tiene la pretensión de convertirse en una referencia en la construcción de esta nueva ciudad de Palma”.
La memoria incorporada al proyecto establece además una comparativa de precios de mercado de las viviendas de la zona, que por sus cualidades y características más se asemejan a los inmuebles que Unibail pondría a la venta: las cifras oscilan entre los 425.000 y los 665.000 euros. De acuerdo a la documentación consultada por este medio, solo dos se encuentran por debajo de ese umbral: una por 245.000 y otra por 341.000 euros.
Pese a las 'buenas intenciones' alegadas en el proyecto, la decisión no ha sido bien vista por las entidades ecologistas, que ya a finales de los noventa se alzaron contra las tentativas urbanizadoras en la zona y que llevaron a la creación de la Plataforma per Salvar Ses Fontanelles, que, junto al GOB, inició una campaña para dar a conocer los valores de ses Fontanelles y que culminó con la recogida de más de 16.000 firmas que reclamaban su protección. Una lucha que, sin embargo, no impidió la construcción, sobre una superficie de 42.000 metros cuadrados, de una mole que hoy preside una parte de la zona, el Palma Aquarium, inaugurado en 2007 por la multinacional de parques acuáticos Coral World International bajo la pretensión de conservar las especies marinas y sus hábitats a través de la divulgación, la educación y las acciones de preservación.
También en esa época, la de los megalómanos proyectos auspiciados por el PP de Jaume Matas, que buscó en la construcción de carreteras, autopistas y otras grandes infraestructuras -epicentro de posteriores casos de corrupción- la posibilidad de convertir Balears en las abanderadas del crecimiento económico y turístico de España, otra empresa proyectó entonces la edificación de un casino y un centro comercial y de ocio en la zona con una superfície de 99.014 m² y un coste de 190 millones de euros. Se trataba de la mercantil Aqua Mágica, participada a su vez por Riofisa, fundada por dos de las mayores fortunas de La Rioja, los hermanos Mario y José María Losantos, y que en 2015 figuraba en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 31.997.777 euros. La mercantil contó para ello con el apoyo de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que aglutina a las grandes empresas del sector en la isla.
Bajo el mandato de Jaume Matas (2003-2007), otra empresa proyectó la edificación de un casino y un centro comercial y de ocio en la zona con una superficie de 99.014 m2 y un coste de 190 millones de euros. Se trataba de la mercantil Aqua Mágica, participada a su vez por Riofisa, que en 2015 figuraba en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 31.997.777 euros
El proyecto, sin embargo, acabó dándose de bruces con el cambio de legislatura, con el socialista Francesc Antich aupado a la presidencia del Ejecutivo autonómico en el que sería el segundo mandato de izquierdas en Balears. Aqua Mágica acabó disolviéndose, a la par que Unibail presentaba una nueva propuesta para construir un macrocentro comercial en la zona, lo que se vio favorecido en 2012, durante el mandato del popular José Ramón Bauzá y con Carlos Delgado como conseller de Turismo, por la aprobación del Decreto ley de medidas urgentes para la Platja de Palma y el impulso de la urbanización de ses Fontanelles. La medida, según alegaba entonces el Govern balear, buscaba favorecer un “cambio de modelo turístico” que había quedado “obsoleto”, “incentivar y agilizar la inversión privada” e impulsar la actividad económica de la zona, lo que motivó, de nuevo, la movilización de los grupos ecologistas.
En 2015, el pacto de izquierdas del Ayuntamiento declaraba la caducidad de la licencia otorgada a Unibail para la construcción del centro comercial Palma Springs y, desde entonces, sucesivas decisiones administrativas adoptadas en torno a la zona han acabado protagonizando, en medio de sucesivos impasses técnicos, jurídicos e indemnizatorios, una batalla en los tribunales en contra y a favor del proyecto que se ha eternizado hasta el pasado mes de agosto, cuando, finalmente, el Supremo echó por tierra la construcción.
Como apuntan los investigadores Macià Blázquez, Antonio Alberto Artigues e Ismael Yrigoy en su estudio Crisis y planificación territorial turística neoliberal en las Illes Balears, el caso de Ses Fontanelles “sirve de ejemplo del rescate de empresas de promoción urbanística y de las entidades financieras que operan con la 'reconversión' urbano-turística como con un activo especulativo más”. “Los poderes públicos han aprovechado la crisis para apuntalar los intereses del gran capital mediante estrategias diversas, como las inyecciones públicas a la banca y a ciertos concesionarios de autopistas, o la aprobación de un planeamiento permisivo para los intereses turístico-inmobiliarios”, aseveran.
Los poderes públicos han aprovechado la crisis para apuntalar los intereses del gran capital mediante estrategias diversas, como las inyecciones públicas a la banca y a ciertos concesionarios de autopistas, o la aprobación de un planeamiento permisivo para los intereses turístico-inmobiliarios
En esta misma línea, Iván Murray asevera en este artículo que “la historia de Mallorca no se puede separar de la especulación turístico-inmobiliaria y del matrimonio entre los poderes político y económico”. El geógrafo, referente en el estudio del turismo, ahonda en cómo el estallido de la burbuja inmobiliaria ha impuesto “una política de choque destinada a asegurar los intereses del capital financiero”, con las entidades financieras convertidas en “las grandes inmobiliarias del Estado”, un contexto en el que Ses Fontanelles se erige como “una clara muestra” de estos procesos. “La propiedad de la empresa Parque Aqua Mágica SL está en manos de la inmobiliaria Colonial, la cual era propiedad de La Caixa. Al estallar la crisis, Colonial había acumulado una elevada deuda con bancos extranjeros que finalmente se hicieron con el control de la inmobiliaria”, comenta.
A partir de ahí, considera que la urbanización de Ses Fontanelles es “la otra cara de los recortes, que sacrifican bienes comunes (territorio, médicos o maestros de escuela) para salvar activos tóxicos”. “Estamos hablando de grandes poderes que hay detrás de este tipo de proyectos, son zombis urbanísticos tras los cuales se da una conjunción de clases políticas y estamentos judiciales, entre otros, que han hecho todo lo posible para reactivarlos, porque también están vinculados a la deuda de las propias entidades financieras que intentan mantenerlos fuera de la categoría de activos tóxicos”, incide Murray en declaraciones a elDiario.es. “A los ojos de una parte de la población, Ses Fontanelles es un humedal de alto valor ecológico, pero para el capital no es más que un activo tóxico. Los gestores neoliberales tienen como misión asegurar los intereses del capital financiero”, sentencia.
