La Cámara de Diputados aprobó este jueves el presupuesto de la partida correspondiente al Ministerio de Salud, el segundo más alto para 2025 ($16 billones), pero dejó fuera las polémicas terapias hormonales de reasignación de sexo.
Además, repuso los recursos para todos los servicios de salud del país. Igualmente, la reintegración de dineros para Fonasa y Atención Primaria. Asimismo, para los programas de Prestaciones Institucionales, Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico, la Subsecretaría de Redes Asistenciales e Inversión sectorial de salud.
En contraposición, la Sala rechazó los ítems de transferencias de capital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales al sector privado (317 mil millones de pesos) y al gobierno central a la Dirección general de Concesiones (517 millones). Esto a partir de la votación separada de estos ítems solicitada por la diputada Ana María Gazmuri (PAH).
Asimismo, adicional a las solicitudes de información, se aprobaron 11 indicaciones parlamentarias que añaden obligaciones a la cartera. Así, de la diputada Natalia Romero (IND) para que en el catastro nacional de pacientes con Diabetes Tipo I, se añada definir una estrategia para revisar la canasta de tratamiento, particularmente para niños, niñas y adolescentes.
A su vez, de la diputada Carla Morales (RN) se respaldaron tres indicaciones referidas a prestaciones oncológicas:
– Implementar y dejar en operación el Registro Nacional del Cáncer; que los ministerios de Salud y Hacienda evalúen y revisen la cronología sobre Reconstrucción Mamaria inmediata o diferida, la ampliación de cobertura y el tratamiento por cáncer de mamas para menores de 15 años; y que en el presupuesto de Fonasa se incluyan hasta $200.000 millones para resolución de lista de espera oncológica GES y No GES.
Por su parte, del diputado Daniel Lilayú (UDI) logró aprobar que parte de los recursos de Fonasa se destinen a la adquisición de mamógrafos móviles.
La Sala también respaldó la indicación de Daniella Cicardini (PS) para incorporar en los gastos de atención primaria estrategias de seguridad para el personal y los pacientes dentro de los recintos hospitalarios.
Además, se respaldaron tres indicaciones similares presentadas por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos) y Miguel Mellado (RN), la bancada republicana y el diputado Daniel Lilayú (UDI), que impide al Ministerio de Salud financiar gastos relacionados con terapia hormonal de bloqueo de pubertad, hormonación cruzada y operaciones de reasignación de sexo, en casos de disforia de género, en menores de edad.
De igual manera, de los diputados RN Andrés Celis y Miguel Ángel Becker lograron respaldo a la indicación que establece que en las prestaciones de los Servicios de Salud y prestaciones GES, salvo aquellas para evitar directamente un riesgo de muerte o peligro de secuela funcional grave, tendrán preferencia los chilenos, los nacionalizados y los extranjeros con situación migratoria regular.
Por último, se aprobó la indicación de la diputada Yovana Ahumada (IND) para considerar en los convenios relacionados a atención preferente de usuarios de la ley 20.595, se considere en el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, condiciones mínimas de trato y acceso, cuando requieran de apoyo por no contar con una debida conectividad vial a los recintos de salud.
Durante la discusión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, precisó diversos puntos del presupuesto, recalcando que este es complejo porque la población envejece y tras la pandemia existe un rezago en la atención de salud.
Respecto a los hospitales, se refirió a la reactivación de la construcción de algunos, y a la reasignación de 590 mil millones al subtítulo 22, antes de finalizar 2024, para que puedan terminar su gasto.
La personera expuso a la Sala un protocolo de salud que aborda temas de atención primaria, listas de espera, contratación de médicos; Ley Ricarte Soto y formación de especialistas.
A su vez, el ministro de Hacienda dijo que existen otros temas específicos de infraestructura, no contenidos en el protocolo como la adquisición de terrenos para el Hospital Van Buren de Valparaíso y la inclusión de recursos que permitan al Hospital Clínico de la Universidad de Chile la plena aplicación de la ley que lo integró al sistema público de salud.
