La minería ilegal es un problema que afecta a un gran número de países africanos. Se trata de una cuestión que abarca una amplia gama de actos delictivos absolutamente nocivos para el funcionamiento de varios países y cuya erradicación se ha probado como una dura prueba para los sucesivos gobiernos de las naciones afectadas. La minería ilegal mantiene vínculos con el yihadismo en Mali y Burkina Faso, participa en la trata de blancas y trata de personas en la práctica totalidad de los países donde se practica; en República Democrática del Congo, la minería ilegal es uno de los máximos responsables del contrabando de materias primas que cruza a países limítrofes, robando al país africano de sus propios recursos.
A esto tendría que añadírsele las nefastas condiciones en las que trabajan los mineros, sin garantías de seguridad y trabajando por cantidades irrisorias de dinero. En fin, no cabe duda: la minería ilegal es un problema grave. Y en Sudáfrica lo saben. Es por esto por lo que la policía sudafricana ha puesto recientemente una operación en marcha, llamada Vala Umgodi (traducida al español como “cerrar el agujero”), que pretende acabar con la minería ilegal en su territorio. El país ha recibido en las últimas décadas ingentes cantidades de inmigrantes ilegales, muchos de ellos llegados de la vecina Mozambique, que penetran en Sudáfrica para después dedicarse al negocio minero. Una dinámica en extremo nociva y a diversos niveles, como ya se ha expresado más arriba, y que ha requerido en esta ocasión contundentes medidas por parte de las autoridades sudafricanas.
Los medios de comunicación internacionales hablan erróneamente de 4.000 mineros (no es un número oficial, puesto que el Gobierno no ha querido dar cifras concretas) “atrapados” en el pozo minero de Stilfontein, en el noreste del país, cuyos accesos a los suministros básicos han sido cortados por las autoridades. Hace semanas que no entran víveres en la mina donde se mantienen recluidos los mineros ilegales. El término “atrapados”, sería incorrecto, puesto que la estrategia del gobierno sudafricano consiste precisamente en forzar su salida mediante este corte de suministros y no existe ninguna evidencia de que los mineros que quieran salir no lo estén consiguiendo. Es más: en los últimos días, y siguiendo el marco de la operación, alrededor de 1.000 mineros ilegales de otras zonas del país ya han emergido a la superficie como producto de este tipo de presiones, y se espera que los 4.000 mineros de Stilfontein sigan el mismo camino si no quieren morir de hambre en el proceso.
Sudáfrica es un estado soberano que atraviesa en la actualidad una profunda crisis económica producto de diversas causas, entre las cuales se encontraría la situación irregular que atraviesan sus recursos mineros. Como es evidente, señalar a los mineros como víctimas, como “atrapados”, cuando son ellos quiens cometen un acto delictivo y cuando la policía sudafricana ha dejado claro que pueden salir en cualquier momento, victimizando (otra vez) a quienes delinquen, despierta estupefacción entre las autoridades locales, que ya han avisado que seguirán con su estrategia.
La ministra de Gobierno sudafricana, Khumbudzo Ntshavheni, ya aclaró en una comparecencia ante los medios de comunicación que “no enviaremos ayuda a los delincuentes. Vamos a obligarles a salir. Van a salir. A los delincuentes no se les ayuda, a los delincuentes se les procesa. No fuimos nosotros quienes les enviamos allí [a la mina]”. La mina de Stilfontein se trataba en el pasado de una mina legal, después abandonada, y actualmente ocupada por estos mineros ilegales, que, hay que repetirlo, participan en su conjunto en dinámicas relacionadas con la prostitución, el tráfico de personas y la trata de menores. Las autoridades sudafricanas incluso han afirmado que los mineros también están armados, y que las disputas entre distintos grupos resultan mortales en ocasiones.
Por el momento se tiene constancia de un minero fallecido, aunque es probable que la cifra aumente. Todo dependerá de cuánto tardarán en decidirse a salir.
