En la Comunitat Valenciana no hace falta que nadie nos explique cómo afrontar catástrofes. Siempre es igual. Prevención y anticipación. Y eso es lo que faltó el 29 de octubre. La simple baliza que hubiera evitado el accidente del metro puede ser el mensaje masivo de aviso a la población que se lanzó horas tarde. La responsabilidad fue y es de la Generalitat. En 2006 y en 2024
El mando real y la responsabilidad de la respuesta a la catástrofe es de Mazón, cobijado detrás de la consellera Pradas
La gestión de las Emergencias corresponde a las comunidades autónomas. La ley española de Protección Civil, aprobada por el PP en 2015, marca que la intervención del Estado en una catástrofe localizada en un territorio corresponde al Gobierno central por iniciativa propia o por petición del presidente autonómico cuando no se ve capacitado. La ley valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias da la potestad al presidente de la Generalitat para declarar la “situación de emergencia catastrófica”, una posibilidad que permitiría a Carlos Mazón “la asunción del mando único y la dirección de todas las actividades de emergencia”. Todo lo demás que se escriba o que se quiera sostener obviando cualquiera de estos preceptos son mentiras, engaños o intenciones de escurrir el bulto.
El 29 de octubre de 2024, la provincia de València sufrió uno de los peores episodios meteorológicos que se recuerda y que se ha llevado por delante la vida de más de 215 personas. La DANA no se podía evitar, pero los responsables de la gestión de Emergencias podrían haber hecho más para que la catástrofe no hubiera sido tanta magnitud. Al menos, en vidas humanas. Ni el equipo de Emergencias estaba preparado ni el presidente de la Generalitat estaba en su sitio ni tampoco se alertó a la población a tiempo. La evidencia de los hechos que venimos contando en las dos últimas semanas sobre lo que se hizo y lo que no es demoledora.
Mientras, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, siguen infantilizando a los valencianos. A nuestro autogobierno y al Estado de las autonomías. Uno para salvarse, aunque hasta Financial Times lo señale, y otro para intentar desgastar al Gobierno. En esa tesitura compartida, ni a Mazón ni a Núñez Feijóo les interesa la verdad, ni mucho menos que se sepa lo que realmente pasó.
Primero. La gestión de las emergencias corresponde a las comunidades autónomas. Y está bien que así sea. Una de las ventajas de la descentralización del Estado es la de ofrecer un servicio sobre el terreno. Cuanto más cerca, mejor. La Generalitat es la que coordina a todos los servicios de emergencias, bomberos o sanitarios. Es la que conoce el terreno, porque lo trabaja todos los días, y la que habla permanentemente con los alcaldes. O eso pensábamos. ¿Alguien puede pensar que la gestión de una riada en 70 municipios se va a atender mejor desde un despacho en Madrid?
Segundo. La ley española de Protección Civil da la posibilidad al Estado de intervenir una autonomía en caso de catástrofe. No se ha hecho nunca. Ni en la Covid. Esa misma norma potesta al presidente autonómico para pedir la intervención del Gobierno si se ve incapaz. No ha sido el caso tampoco. ¿Hubiera solucionado algo la declaración de estado de alarma cuando las muertes se produjeron estando la gestión en manos de la Generalitat? Tanto el Gobierno de España como la Generalitat están ahora volcados en la reconstrucción e inundando las zonas de millones en ayudas sociales y en la reparación de infraestructuras. El Estado, que también son las autonomías y los ayuntamientos, funciona. Y se está demostrando.
Tercero. La ley valenciana de Protección Civil da la posibilidad al presidente de la Generalitat de declarar “la situación de emergencia catastrófica”, una opción prevista en el artículo 12 de la norma. La activación de este mecanismo supondría “la asunción por el presidente del mando único y la dirección de todas las actividades de emergencia”. ¿Por qué Carlos Mazón no ha utilizado esta prerrogativa? El jefe del Consell antes destituirá a la consellera de Justicia e Interior que asumirá el mando legal, porque el político es evidente que le corresponde.
Mazón está intentando eludir su responsabilidad de una manera que sonroja. Y Feijóo está obviando esa obligación para su raca-raca político contra el Gobierno. Tratar a las autonomías como menores de edad o administraciones de segunda no es la solución. Si se reclaman competencias, hay que ejercerlas. Y responder de ellas. Igual que se reclama de manera justa más financiación, se tiene que responder cuando se hacen mal las cosas.
En la Comunitat Valenciana no hace falta que nadie nos explique cómo afrontar catástrofes. Siempre es igual. Prevención y anticipación. Y eso es lo que faltó el 29 de octubre. La simple baliza que hubiera evitado el accidente del metro puede ser el mensaje masivo de aviso a la población que se lanzó horas tarde. La responsabilidad fue y es de la Generalitat Valenciana. En 2006 y en 2024.
