En los años 50, Perú vivió uno de los casos judiciales más polémicos de su historia con la sentencia de Jorge Villanueva, un hombre que fue acusado y condenado a pena de muerte bajo el apodo del ‘Monstruo de Armendáriz’. Este apodo se popularizó debido a un crimen que conmocionó a la sociedad limeña: el asesinato de Julio Hidalgo, un niño de apenas tres años cuyo cuerpo fue hallado en la Quebrada de Armendáriz. La sentencia de Villanueva generó controversia no solo por el veredicto, sino también por el sesgo social que pareció influir en su desenlace.
Jorge Villanueva Torres, también conocido como el ‘Monstruo de Armendáriz’, era una figura conocida en ciertos barrios de Lima, especialmente en Barranco, por haber cometido robos menores y otros delitos que lo llevaron varias veces a prisión. Su apodo, sin embargo, surgió en un contexto mucho más oscuro, cuando fue vinculado con el secuestro y asesinato de Julio Hidalgo. La desaparición del niño y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida desataron una búsqueda de justicia que recayó rápidamente sobre Villanueva.
La sospecha hacia Villanueva comenzó debido a un testigo, Uldarico Salazar, un vendedor ambulante que declaró haber visto a un hombre de características físicas similares comprándole dulces antes de la desaparición del niño. Salazar señaló a Villanueva como el sospechoso luego de ver su fotografía, aferrándose a un detalle: el hombre tenía un dedo torcido. Así, Villanueva pasó a ser visto por la sociedad como el monstruo responsable de un crimen abominable.
La investigación del asesinato de Julio Hidalgo se aceleró tras el testimonio de Salazar, quien afirmó que Villanueva era el hombre que había visto. La falta de pruebas concretas y la influencia de prejuicios raciales y de clase jugaron un papel importante en la percepción pública del caso. Durante el juicio, la cobertura mediática exacerbó el repudio hacia Villanueva, presentándolo como un peligro para la sociedad, pese a que su culpabilidad no estaba confirmada.
El abogado defensor, Carlos Enrique Melgar, intentó desestimar la acusación, argumentando que Villanueva fue inducido a confesar bajo promesas de una pena menor. Sin embargo, la presión social y los antecedentes criminales del acusado pesaron más, consolidando su imagen como el ‘Monstruo de Armendáriz’ y sellando su destino judicial.
En 1957, luego de un prolongado proceso judicial, Jorge Villanueva fue condenado a la pena de muerte, conforme al marco de la Constitución peruana de 1933 que contemplaba esta pena en casos excepcionales. Durante su sentencia, Villanueva exclamó que: “Yo he cometido muchos delitos, he sido un hombre malo, pero este crimen no me pertenece”. Sin embargo, sus palabras no influyeron en la decisión final, y el 12 de diciembre de 1957, Villanueva fue ejecutado en la Penitenciaría de Lima, tras ingresar al madero de fusilamiento. Fueron hasta ocho disparos los que pusieron fin a la vida del ‘Monstruo de Armendáriz’, siendo este el trágico desenlace de un caso que marcaría la historia judicial del país.
Décadas después de la ejecución, en 2004, el médico forense Víctor Maúrtua presentó una reinterpretación del caso que desmentía la versión oficial. Maúrtua afirmó que la muerte del niño fue resultado de un accidente automovilístico y no de un asesinato, sugiriendo que las pruebas se manipularon para encubrir fallas de la investigación. Además, surgieron dudas sobre la fiabilidad del testimonio de Salazar, quien había caído en contradicciones 30 veces.
Con el tiempo, figuras públicas y judiciales, como el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, plantearon la posibilidad de absolver simbólicamente a Villanueva. Aunque su inocencia fue reconocida post mortem, su caso sigue siendo un recordatorio doloroso de los peligros de un sistema judicial influenciado por prejuicios.
