Houston. Un juez federal de Texas declaró ilegal un programa de Joe Biden que acelera el proceso para obtener estatus legal de cónyuges extranjeros de estadounidenses, en medio de crecientes preocupaciones por las amenazas de deportación del presidente electo Donald Trump.
Según la resolución del juez de distrito J. Campbell Barker, la administración de Biden “carece de autoridad legal” para aplicar su programa “parole in place”, lo que representa un golpe a la política migratoria del mandatario demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2025.
El plan de Biden, “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), lanzado en junio, busca beneficiar a al menos medio millón de inmigrantes en Estados Unidos.
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Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, aliado de Trump, junto con un grupo de colegas republicanos, demandó al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida. Paxton expresó que el programa “recompensa” a quienes “violaron las leyes”.
“El intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración se ha detenido”, declaró en la red social X el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador.
Mientras los demócratas buscan un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump afirmó que Estados Unidos enfrenta una “invasión” y, tras vencer el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales a Kamala Harris, prometió “deportaciones masivas” de migrantes irregulares.
El juez Campbell, nominado durante el primer mandato de Trump, acogió previamente el pedido de Paxton y suspendido temporalmente el programa en agosto. Una apelación lo reactivó, pero el juez volvió a bloquearlo hasta que este suspendió emitió su veredicto final. El gobierno de Biden puede apelar.
El programa permite que inmigrantes sin estatus legal, casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente, puedan iniciar sus trámites sin necesidad de salir de Estados Unidos.
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Las reglas aplican a quienes estuvieron en el país por al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024. También se extienden a unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Estos beneficiarios recibirían autorización para trabajar y el derecho a permanecer en el país hasta tres años mientras solicitan una “green card”. Antes, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacerlo fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.
“Esta decisión es un revés profundamente decepcionante e injusto para las familias que viven cada día bajo el peso de la incertidumbre”, afirmó Harold A. Solís, representante de Make The Road New York, organización que trabaja con migrantes.
“Debemos y seguiremos apoyando la unidad familiar a pesar de esta peligrosa decisión”, añadió.
