Si bien el panorama de la conectividad en el Perú experimenta un avance en los últimos años, aún enfrenta grandes retos para alcanzar un nivel de madurez óptimo en este ámbito, debido a las marcadas disparidades de acceso en distintas regiones.
Para el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), que espera dotar de internet de alta velocidad a diferentes localidades, de los 18 proyectos regionales que se enlazan a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), 10 están en operación y los otros ocho restantes deben estar listos en junio del 2025.
Como se sabe, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que cuenta con una infraestructura de 13,500 km de fibra óptica y fue diseñada en el 2013, originalmente iba a integrar 21 proyectos regionales. Sin embargo, experimentaron retrasos. Aunque estaba planeado que todos estuvieran operativos en 2019, para esa fecha solo tres funcionaban. Además, los contratos de las redes de Piura, Tumbes y Cajamarca fueron resueltos.
Las redes regionales de fibra óptica son cruciales porque permiten llevar conectividad a regiones rurales y apartadas que suelen quedar excluidas de los avances tecnológicos
Uno de los casos a considerar es el de la empresa israelí Gilat Networks, que desde 2015 estuvo a cargo de la implementación de la red de acceso y transporte de banda ancha en la región de Cusco. No obstante, en el primer trimestre de 2021 entregó el proyecto a Pronatel, aparentemente sin haber completado la construcción de la red de transporte.
Debido a esto, en junio de 2021, Pronatel entregó en un proceso de adjudicación directa a Gilat (postor único) la operación y mantenimiento de cuatro redes regionales (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco), lo cual sería el primer acto irregular, ya que dicha empresa no habría terminado al 100% la construcción de la red de transporte.
Esto quedó demostrado en 2023, cuando terminó el contrato temporal de operación y mantenimiento, y Gilat solicitó renovación. Tras ello, el director ejecutivo de Pronatel de ese momento (Renato Delgado) ordenó que no hubiera renovación y que la empresa asuma nuevamente la operación temporal de la red de transporte como parte de su periodo provisional (garantía).
