En las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump logró imponerse ante su rival, Kamala Harris, asegurando un segundo mandato tras una contienda electoral marcada por la polarización y el debate en torno a la política migratoria. Uno de los estados que impulsó su victoria fue Texas, donde el apoyo de los votantes republicanos resultó fundamental. La promesa de endurecer las políticas de seguridad fronteriza y la atención a las preocupaciones sobre inmigración ilegal resonaron profundamente entre los ciudadanos texanos, y consolidó la preferencia hacia el candidato republicano.
Texas, conocido por su fuerte identidad conservadora, fue clave en el respaldo a Trump, quien recibió también el apoyo incondicional del gobernador republicano, Greg Abbott. En su primera declaración tras la victoria, Abbott se mostró optimista sobre las nuevas políticas de seguridad y migración que Trump implementará en el estado, una de las principales puertas de entrada para inmigrantes. En particular, Abbott enfatizó el compromiso de reforzar la frontera y de llevar a cabo deportaciones masivas que prioricen a personas con antecedentes criminales, una medida que ha generado tanto aprobación como controversia en diversos sectores.
La política migratoria de Donald Trump promete ser una de las más estrictas en la historia reciente de Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido claro en su apoyo a esta medida, y destacó que la administración comenzará el proceso de deportaciones enfocándose en aquellos inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Abbott subrayó que este enfoque es una respuesta a la creciente preocupación por la seguridad en Texas, y que la acción será gradual, abarcando eventualmente otros grupos de inmigrantes en situación irregular.
Para llevar adelante este ambicioso plan, Trump ha propuesto aplicar una antigua ley de 1798, conocida como la Ley de Extranjería y Sedición, que fue empleada en tiempos de conflicto para deportar individuos considerados peligrosos para la seguridad del país. Este marco legal, aunque poco utilizado en la historia moderna, permitiría deportar a millones de inmigrantes sin necesidad de recurrir a procedimientos convencionales. De acuerdo con el Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC), una deportación a tal escala podría requerir una inversión de aproximadamente 315,000 millones de dólares.
Además de las deportaciones, el plan migratorio de Trump contempla un refuerzo en la frontera con México mediante el despliegue de la Guardia Nacional, un recurso que también cuenta con el respaldo del gobernador Abbott. Esta medida pretende complementar la "Operación Lone Star", una iniciativa impulsada en Texas para incrementar la vigilancia y reducir el flujo de inmigración ilegal. Abbott considera que la cooperación con la Guardia Nacional será un paso esencial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que personas en situación irregular ingresen al estado.
La "Operación Lone Star" ha sido una pieza central en la política fronteriza de Texas, y con el apoyo de la nueva administración de Trump, el gobernador espera que esta estrategia sea aún más efectiva. No obstante, la decisión de recurrir a la Guardia Nacional y endurecer las políticas de control ha generado críticas, particularmente entre grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Estos sectores han advertido sobre los posibles impactos humanitarios y económicos de la implementación de estas políticas, mientras que Abbott y sus aliados destacan la necesidad de una frontera más segura y ordenada.
