En las últimas semanas, un exjugador de rugby, que militó en Carrasco Polo y formó parte del equipo nacional Los Teros, ha sido objeto de múltiples acusaciones relacionadas con estafas millonarias y la emisión de cheques sin fondos.
Estas denuncias, que han generado gran inquietud en la opinión pública, ponen en el foco de atención a la Fiscalía, que espera recibir más acusaciones formales para proceder con una investigación exhaustiva.
Los afectados aseguran que el empresario les defraudó aproximadamente 65 millones de dólares. Las víctimas comprenden una amplia gama de personas, incluidas antiguas amistades del ámbito del rugby. Se alega que el acusado las sedujo con promesas de beneficios en el mundo de las criptomonedas y del mercado de valores, asegurando una ganancia del 6%.
Al parecer, dichas promesas se cumplieron temporalmente, pero luego cesaron los pagos y la comunicación con los inversionistas, quienes ahora aseguran haber sido engañados mediante un esquema piramidal, en el cual se incentivaba a los involucrados a traer más inversores. Este tipo de operaciones son extremadamente complejas y, a menudo, una fachada para fraudes sistemáticos.
El señalado se habría fugado a Estados Unidos con su familia luego de la amenaza de uno de los inversionistas, que aparentemente sería narcotraficante.
La Fiscalía todavía no ha comenzado una investigación penal formal debido al hecho de que aún no se han recibido denuncias suficientes. Entretanto, las víctimas han perdido su rastro, sospechando que haya huido al extranjero tras un incidente violento con una de sus presuntas víctimas. Los fiscales especializados en delitos económicos están al tanto de la situación, aunque sin una denuncia formal, no pueden asignar recursos ni personal al caso.
Normalmente, para abordar investigaciones de esta naturaleza, se forma un equipo multidisciplinario, incluyendo expertos de entidades como el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, la Secretaría Nacional Antilavado y el Banco Central. Estos organismos desempeñan un papel crucial en la recolección de evidencia y en el seguimiento financiero de los sospechosos.
El alcance del presunto fraude no se limita únicamente a las inversiones cuestionables, sino que también implica la emisión de cheques sin fondos por un monto que ronda el millón de dólares. Uno de los afectados ha presentado ya una denuncia ante la Seccional Policial N° 13, la cual ha sido derivada al fiscal Gilberto Rodríguez de Delitos Económicos, quien ha solicitado que Flagrancia gestione el caso.
El abogado Jorge Barrera, encargado de la defensa del implicado, asumirá formalmente el caso en la próxima semana. Hasta entonces, se encontraba en Brasil, atendiendo otros compromisos. Este proceso podría prolongarse debido a la naturaleza reciente del caso y a la falta de información detallada disponible en esta etapa.
Fuentes relacionadas con asuntos de cheques sin fondos han explicado el procedimiento típico tras recibir una denuncia de este tipo, señalando que “cada caso presenta sus particularidades y cada fiscal tiene su propio enfoque, dado que son investigaciones detalladas”. Inicialmente, un fiscal de Flagrancia toma el caso. La carga de trabajo es significativa, aunque manejable en su estado actual.
Los defraudadores pueden abarcar desde “individuos en crisis financiera” hasta “verdaderos estafadores”, según los informantes. La cooperación fiscal es esencial para evitar duplicidad de investigación en diferentes localidades y para tramitar los requerimientos necesarios. En casos ideales, un acuerdo financiero resolvería el conflicto; de lo contrario, se inicia un proceso judicial que puede escalar rápidamente en su complejidad, dependiendo de la magnitud del posible fraude.
