El Consejo General de Economistas de España, que es la corporación que agrupa a los economistas colegiados, ha emitido una nota en la que valora el paquete de ayudas presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado martes para paliar los efectos de la DANA que la semana pasada asoló Valencia y afectó otros puntos del Levante peninsular. La interpretación que hacen los profesionales del gremio es por lo general positiva, pero su servicio de estudios ha concluido que «se echan en falta» algunas medidas en los ámbitos laboral, tributario y judicial que proponen incluir de manera urgente. De entre lo que recomiendan incluir, lo más destacado es una deducción del 60% en el IRPF para los afectados, deducciones en el Impuesto de Sociedades , la eliminación del IVA para la compra de coches nuevos o la exención o bonificación en el impuesto aplicable a las obras de reparación, rehabilitación y reconstrucción de inmuebles dañados. El paquete anunciado por Sánchez -ya es oficial en el BOE- incluye ayudas en casos de incapacidad, reparación de las viviendas dañadas, reparación de muebles y electrodomésticos y a las comunidades de vecinos, pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. En lo que refiere a exenciones tributarias, hay una línea de avales de 5.000 millones de euros o una nueva figura de incapacidad temporal para afectados por la DANA. Todo ello suma un montante de 10.600 millones de euros solo en el primer tramo . Como ya se ha explicado, los economistas han valorado positivamente la mayor parte del plan. En su nota, destacan para bien la flexibilización de los plazos de pago de las deudas tributarias, la regulación de la exención en el IBI y el IAE para propiedades y negocios dañados y la eliminación de ciertas tasas de tráfico, así como los aplazamientos y moratorias con condiciones especiales en el pago de obligaciones con la Seguridad Social para las empresas de las zonas afectadas. También han valorado bien la creación de líneas de ayuda directa, avales y el establecimiento de una moratoria para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria. Sin embargo, «echan en falta», se lee en el comunicado, que se aplique a los afectados una deducción del 60% en el IRPF, que ya está prevista en ciertos casos para los residentes en Ceuta y Melilla. En lo que refiere al Impuesto de Sociedades, proponen deducciones para las empresas afectadas, especialmente en los gastos relacionados con la reparación o reposición de bienes dañados, incentivos fiscales para promover la inversión en la reconstrucción de la infraestructura empresarial y considerar la aplicación de deducciones al mecenazgo para la recuperación del patrimonio cultural. Sobre esto último aún no hay cifras, pero es evidente que se habrán producido daños en edificios de valor histórico o cultural. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que proponen directamente es dejarlo a cero, solo para los afectados por la DANA y en los siguientes supuestos: para la compra de coches nuevos, compra de vivienda nueva adquirida por un ente integrante del sector público estatal (solo si se destina a alojamiento de las personas que residían en una vivienda destruida como consecuencia de la DANA), compra de vivienda nueva para los afectados, locales, solares, y bienes para ser utilizados en actividades ganaderas y agrícolas desarrolladas en explotaciones situadas en las zonas damnificadas (maquinaria, utensilios, semillas, animales, etc. La lista sigue...; arrendamiento de pisos turísticos con prestación de servicios hoteleros y también para los servicios hoteleros y las importaciones de bienes donados para ser distribuidos a las víctimas de la DANA. Asimismo, proponen aplicar una exención o bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) aplicable a las obras de reparación, rehabilitación y reconstrucción de inmuebles dañados, tanto en viviendas como en instalaciones empresariales, y regular al tipo 0 el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la compra de vehículos usados. Los economistas también avisan de que esta tormenta ha llegado poco antes del cierre del ejercicio social, lo que podría empeorar el equilibrio patrimonial de las empresas, pues las pérdidas serán imputadas en el 2024 y es probable que las ayudas se devenguen contablemente en el 2025. «A este hecho hay que sumar no solo las pérdidas materiales directas a corto plazo, acaecidas por el desastre medioambiental, sino también las indirectas relacionadas con los posibles incrementos de los costes de producción y los cierres de los negocios, y por tanto bajadas de ventas», avisa el Consejo. Por ello, consideran «conveniente» ampliar la moratoria contable hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025. Viendo que es presumible un incremento de solicitudes para la llamada 'Ley de segunda oportunidad', el Consejo de Economistas también recomienda en su informe que se refuercen algunos juzgados de lo mercantil. Asimismo, y siguiendo con las recomendaciones en el terreno de la justicia, creen necesario impulsar los planes de reestructuración para tratar de adelantarse a las declaraciones de concursos de acreedores y tratar de evitar liquidaciones de empresas, así como incentivar la mediación, entre otras cosas.
