Sanidad ha empezado a estudiar el efecto de un eventual trasvase de funcionarios: aunque hay algunos precedentes, los expertos consideran que "no sería catastrófico" para el sistema público y advierten de que el argumento está siendo usado por las compañías para forzar la negociación
El Gobierno estudia prorrogar el contrato de Muface con las aseguradoras privadas de los funcionarios
El Ministerio de Sanidad está evaluando el “impacto” que tendría asumir en el sistema público al millón y medio de mutualistas de Muface cuya asistencia sanitaria pende de un hilo tras quedar desierto el concurso de cobertura médica de los funcionarios. El equipo de Mónica García ha empezado a realizar este trabajo “de manera exploratoria” para, en el caso de que se produjera el trasvase, dimensionar qué efecto tendría en los recursos públicos según los territorios y los diferentes grupos de edad, han avanzado fuentes ministeriales, que aseguran que no quieren “interferir” en un proceso de negociación en el que Sanidad no participa.
De acuerdo con los cálculos que hasta el momento ha hecho Sanidad, el paso de los funcionarios de Muface a la sanidad pública supondría incrementar un 3,7% el volumen de población cubierta por el Sistema Nacional de Salud en la franja de 64 a 79 años –los llamados babyboomers– y un 2,35% en mayores de 80. El porcentaje de personas de más atendidas, de producirse finalmente esta situación, se sitúa entre un 2 y un 3% respecto a los que ya tienen su tarjeta sanitaria pública.
La ministra Mónica García ha manifestado en las últimas semanas sin ambages que el sistema de Muface “no es ninguna prioridad” para su equipo y lo ha tildado de “anacrónico”. “Da unas condiciones que son diferentes del resto de los ciudadanos y, para mi gusto, no son mejores”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. Con el rechazo de las aseguradoras a presentar oferta para el concurso, el Ministerio reitera que “no es entendible que en un país que tiene la sanidad pública como uno de sus orgullos, sus empleados públicos sean atendidos por la sanidad privada”. No obstante, añaden fuentes ministeriales, “hay que respetar los procesos de negociación y no vamos a entrar a enturbiar o interferir en dicho proceso”.
Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan el servicio, dieron un portazo este martes a las condiciones que planteaba el Ministerio de Función Pública: una cuantía total de más de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, con un incremento total bianual de 304 millones de euros respecto al último año de vigencia del concierto anterior, un 17% más. La prima media por mutualista se situaba en unos 1.032,12 euros este año y en 1.208,81 en 2026. Tras esta renuncia, Muface avanzó primero que preparaba una nueva licitación, aunque este escenario inédito ha hecho al Ejecutivo plantearse prorrogar el contrato con las aseguradoras mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones ante la “falta de un plan claro”.
Un eventual aterrizaje de funcionarios en el sistema público es un incremento de calibre que “supondría un reto enorme” aunque “esta forma de plantearlo”, advierte José Ramón Repullo, “es un argumento de las compañías de seguro para forzar la negociación”. El experto en planificación sanitaria y economía de la salud piensa que la “amenaza” no se va a cumplir, pero que sí puede tener un efecto de “incrementar las cantidades” que ofrezca el Gobierno para los conciertos. “El SNS no está en buena situación, pero no me cabe duda de que acabaría superando la prueba”, añade.
Hace un mes, el Ministerio de Sanidad apelaba a que “las personas cubiertas por aseguradoras suelen tener un menor uso de servicios sanitarios debido a un mejor estado de salud promedio” y anticipaba que “no necesariamente habría un uso intensivo e inmediato de los servicios de salud” en un escenario donde todos los funcionarios pasaran a la pública para contrarrestar el argumento del “colapso” usado por el lobby de la sanidad privada.
Hay precedentes de reincorporaciones de altos volúmenes de pacientes a la sanidad pública. “En 1983 fueron 400.000 autónomos que de un día para otro se incorporaron al INSALUD; en 1989, 250.000 personas pobres (del régimen de la beneficencia) siguieron el mismo camino; y en la actualidad cerca de 700.000 inmigrantes no regularizados son ”clientes“ inevitables del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, recuerda Repullo, que plantea también la siguiente reflexión. “¿Alguien hubiera esperado que el SNS superara el aluvión de demanda y morbilidad que supuso la COVID?”.
“En términos relativos no sería catastrófico”, resuelve la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz López-Valcárcel, pero habría un problema “de transición” a corto plazo. “Incorporar de golpe a este colectivo de un millón de personas induciría una enorme presión añadida en el sistema asistencial de la red pública, que tendría que adaptar su oferta y organización y eso requeriría un plan. Teniendo en cuenta el numero medio de tarjetas sanitarias por médico de familia (1400) harían falta de forma inmediata unos 714 médicos de familia más”, desarrolla López-Valcárcel, autora de el informe 'El misterio Muface, ¿selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?'. El estudio ya apuntaba en 2019 que el factor de envejecimiento y la selección del riesgo eran clave para entender el fenómeno.
La Fundación IDIS, que agrupa al sector privado, afirmó en septiembre que un aumento del 25% –incluso mayor al que se ha producido– era también insuficiente para lograr unas condiciones “justas”. Su presidente, Juan Abarca, ha apelado al crecimiento de la edad de los mutualistas como una de las causas de la “ineficacia” del modelo para la sanidad privada: “en Muface hay un 31% de asegurados y beneficiarios que superan los 65 años, frente a un 21% en Isfas (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y un 16% en Mugeju (funcionarios de Justicia). ”A nadie se le escapa que a mayor edad mas siniestralidad. Ya sabemos que el 80% del coste sanitario es consumido por el 20% de la población; los mayores y los enfermos crónicos“, justificó Abarca esta semana.
Hay diversas posturas en función de a quién se pregunte. Una que comparten una porción de expertos, como Repullo, es la que llaman “Muface a extinguir” y supone caminar hacia una eliminación progresiva de este sistema de conciertos. “Los nuevos colectivos van al SNS, y los cambios hacia el SNS no son reversibles. Con esta opción no se daña a nadie, y, aportando suficiente información, no se frustrarían expectativas de asegurados”, argumenta en conversación con elDiario.es.
Esto permitiría, según su criterio, un trasvase con “un periodo de tiempo razonablemente amplio” que evitaría “muchos problemas”. “Si se acompaña de una buena financiación de los mutualistas residuales, la exigencia de Atención Primaria, y la incorporación a los sistemas de información (y a la prescripción) del SNS ayudaría a manejar las disfuncionalidades del modelo y sus interferencias con el esquema mayoritario”, zanja. López Valcárcel coincide: si se produce una absorción, debería ser paulatina y ordenada “con criterios de necesidad médica y factibilidad”.
