El expresidente Alejandro Toledo podría tener una nueva sentencia. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso que Toledo Manrique, Marcos de Moura Wanderley, y otros investigados por el caso Tramo 4 de la carretera Interoceánica, vayan a juicio oral por el presunto delito de colusión y lavado de activos.
El magistrado anunció que el próximo 8 de noviembre, a las 11:30 a.m., se resolverá la pretensión resarcitoria y las observaciones presentados por las defensas de las empresas incluidas en este proceso.
“Este despacho, evaluando la situación jurídica de todos los investigados, llegó a la conclusión de que existe causa probable para remitirlos a juicio oral. Por estas consideraciones, se resuelve declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio contra los investigados", determinó el juez.
De acuerdo con la acusación fiscal, los presuntos involucrados habrían recibido 6 millones de dólares en sobornos por parte de Toledo Manrique, para asegurar la adjudicación de obras para el Tramo 4 de la Carretera Interoceánica, en beneficio de la empresa brasileña Camargo Correa.
Por esta razón, la Fiscalía solicita 35 años de cárcel contra el expresidente. En tanto, para el empresario Marco De Moura Wanderley, representante de INTERSUR y gerente general de la empresa Camargo y Correa Sucursal Perú, la entidad pide 29 años de cárcel.
Mientras que para el ciudadano israelí Avraham Dan On, exhombre de confianza y exjefe de seguridad de Toledo Manrique, la Fiscalía pide 16 años y 8 de condena.
A fines de octubre, después de un exhaustivo proceso que incluyó 175 audiencias, declaraciones de más de 100 testigos y la presentación de más de mil pruebas documentales, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional dictaminó una sentencia de 20 años y seis meses de prisión para el ex presidente Alejandro Toledo Manrique. Esta condena se impuso por la comisión de delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
En el caso de Alejandro Toledo Manrique, se determinó en juicio que se coludió con particulares interesados, como Odebrecht, para que, a cambio de una coima de 35 millones de dólares, se otorgara a la empresa brasileña la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, ocasionando un perjuicio al Estado.
