La congresista Susel Paredes viene recolectando firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte luego de haber tenido un último año de gobierno plagado de varios cuestionamientos respecto al caso Rolex, presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón y operaciones estéticas. Debe recolectar al menos 26 firmas para poder ser presentada de manera formal al Pleno.
"Declárese la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República, señora Dina Boluarte, según lo previsto en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú... Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que regula la sucesión presidencial", se lee.
Entre las denuncias más graves, la moción destaca el caso conocido como "Rolexgate". Según la investigación, la presidenta fue vista usando relojes de alta gama de origen incierto, generando sospechas sobre enriquecimiento ilícito. Entre los relojes identificados figuran modelos de lujo con un valor estimado de hasta S/ 51,000.
La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar tras contradicciones y presuntas mentiras públicas de Boluarte sobre la procedencia de estos artículos. También se alega que recibió un Rolex como préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien es señalado por recibir transferencias de fondos bajo decretos de urgencia promovidos por la propia presidenta.
Asimismo, sostiene que existen indicios de que la Presidencia de la República estaría protegiendo a Cerrón. En particular, menciona el uso del vehículo presidencial, apodado “el cofre” o “Dinamóvil”, para facilitar su movilidad sin ser detectado. Audios de una conversación entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la PNP, Junior Izquierdo Yarlequé, sugieren que se habría dado instrucciones para evitar la detención del vehículo, supuestamente utilizado por Cerrón en febrero de este año.
Por otro lado, este pedido de vacancia también señala que la administración de Boluarte es responsable de violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de protestas y movilizaciones sociales. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la fuerza excesiva empleada por las fuerzas de seguridad desde diciembre de 2022 habría causado la muerte de más de 60 manifestantes y cientos de heridos. Además, se reportan acciones represivas contra movilizaciones pacíficas, lo que ha generado cuestionamientos de organismos internacionales y nacionales.
En términos de gestión económica, el documento subraya la "incapacidad" del gobierno de Boluarte para manejar la crisis económica del país. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 4% del Producto Bruto Interno, el nivel más alto desde 1992, mientras la inflación ha superado los índices de crecimiento. La pobreza monetaria aumentó al 29% de la población, afectando a casi 10 millones de peruanos. La moción denuncia que esta situación crítica afecta con mayor gravedad a regiones vulnerables como Cajamarca y Puno, donde la pobreza alcanza niveles alarmantes.
Asimismo, aborda el aumento de la inseguridad en las zonas urbanas, con datos que muestran un incremento en la victimización y los homicidios. En 2024, el país registró más de 1,600 homicidios, un récord desde 2017. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha llevado a paros de transportistas en diversas regiones del país, reclamando mayor seguridad ante casos de extorsión y sicariato.
La moción destaca episodios de censura y limitación a la libertad de expresión. Se menciona el despido del artista César Aguilar y la suspensión de eventos culturales de artistas críticos del gobierno, así como la negativa de Boluarte a brindar declaraciones a la prensa durante más de 100 días. En la conferencia de prensa reciente, la presidenta se negó a responder varias preguntas, lo que, según los congresistas, refleja una falta de transparencia y una actitud reprobable hacia los medios de comunicación.
Finalmente, Paredes también señala que el Gobierno y Congreso han promovido leyes que favorecen intereses económicos ilegales y debilitan la lucha contra el crimen organizado. La moción destaca un proyecto de reforma del sistema de justicia que otorga mayor control al Ejecutivo, lo cual compromete la independencia judicial y aumenta la concentración de poder.
