La Audiencia de Tarragona considera que las intrusiones informáticas a webs de firmas que rechazaban la independencia "no encuentran encaje" en la amnistía al procés
La Audiencia de Tarragona ha denegado la amnistía a un informático que afronta una petición de pena de 18 años de prisión acusado de haber atacado las webs de varias empresas y organismos españoles contrarios al procés durante los meses posteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017.
La amnistía ha pasado a un segundo plano, pero los tribunales siguen decidiendo si la aplican o no a ciudadanos que están fuera de la cúpula política pero se han visto involucrados en causas penales relacionadas con el proceso soberanista.
Pese a que la ley, en vigor desde el pasado mes de junio, daba dos meses a los jueces para aplicarla, la Audiencia de Tarragona no resolvió la denegación de la amnistía para este acusado, uno de los que afrontan un mayor riesgo de entrar en prisión, hasta el pasado 23 de octubre.
En el auto, adelantado por El Nacional y al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección segunda de la Audiencia de Tarragona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, rechaza la petición de amnistía que planteó la defensa del investigado, Joel M., quien está acusado de varios ataques informáticos perpetrados entre diciembre de 2017 y febrero de 2018.
El tribunal, en un párrafo, razona que si bien los hechos se sitúan en el “marco temporal” previsto en la ley de amnistía, “dichas acciones no encuentran encaje en el ámbito objetivo” de la norma. El auto puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
La otra causa en España que se investigaba contra un pirata informático acusado de acciones a favor del referéndum terminó en archivo.
El hacker está pendiente de ser juzgado en la Audiencia de Tarragona, en una causa en la que la Fiscalía le pide 18 años de cárcel y una multa de 10.000 euros por atacar varias páginas web de empresas públicas y privadas y de organismos públicos contrarios al 'procés', así como de difundir ilegalmente información obtenida en las bases de datos de dichas páginas.
La Fiscalía se opuso a la amnistía de Joel M. al entender que la ley no abarca los delitos de delitos de acceso no autorizado, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos de los que le acusa. El ministerio público sostiene que el acusado atacó varias webs de empresas, entre ellas la Fundación Ferrocarriles Españoles, y reivindicó su acción añadiéndoles las etiquetas “Anonymous”, “OpCatalunya” y “FreeCatalanPoliticalPrisoners”.
