Muestra Cofece su relevancia en demanda colectiva contra distribuidores de medicinas
Por manipular precios y descuentos a farmacias, limitar la cantidad de productos disponibles y suspender injustificadamente la distribución en ciertos periodos, la Cofece ha iniciado una acción colectiva en contra de los principales distribuidores de medicamentos en el país: Fármacos Nacionales, Casa Saba, Casa Marzam y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos.
La demanda presentada tiene carácter “colectivo” y es la primera de esta naturaleza que emprende la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que le imprime el carácter de “histórica”. Si el caso prospera, el pago de lo reclamado por los daños a la economía del sector salud y de miles de pacientes podría alcanzar los dos mil 316 millones de pesos, que serían destinados a mejorar el sistema de hospitales del país.
Las acciones colectivas son una herramienta jurídica que permite, a un grupo de personas, proteger sus derechos contra uno o varios proveedores que vulneren sus derechos. Estas acciones se pueden ejercer en casos de daños a consumidores, prácticas abusivas de empresas y daños al medio ambiente. En nuestro país, instituciones como Profeco, Condusef y Cofece están habilitadas para conducir este tipo de procedimientos en defensa de la sociedad. Las acciones colectivas no solo facilitan el acceso a la justicia, sino que reducen los costos en el trámite procesal al concentrar en un solo juicio la representación de los afectados. En realidad, son muy escasas las acciones colectivas que se han llevado hasta el momento en el país, desde su entrada en vigor en 2016.
La demanda se basa en el hecho de que, durante una década, las empresas demandadas utilizaron su gran influencia para generar desabasto y subidas artificiales de precios, causando pérdidas al sector salud y a los consumidores. Con independencia de las multas que la Cofece impuso a los responsables en la esfera administrativa, el resarcimiento de los daños a través de esta acción colectiva sería la fase final del caso.
Este expediente, tramitado a lo largo de cinco años por la comisión, demuestra la relevancia de la labor de monitoreo y sanción de prácticas anticompetitivas que, nos guste o no, están alojadas en nuestra economía como los parásitos con sus huéspedes. Es una paradoja que, en un gobierno de “izquierda”, ideológicamente comprometido con las causas de los consumidores y en contra de las empresas monopólicas, se quiera desaparecer a un órgano autónomo que persigue estas causas. El alegato de que esas funciones serán retomadas por alguna dependencia oficial no convence. La independencia de gestión de este tipo de institutos es clave para poder realizar su objeto sin influencias políticas, ni teniendo que someter sus decisiones a filtros burocráticos que restan calidad y contundencia a las decisiones que dictan.
El propio caso respalda el argumento del régimen acerca de la corrupción en el sector de la proveeduría farmacéutica en el país, y las resoluciones que sean dictadas representan una sanción y una compensación por las pérdidas causadas. Algo impensable en términos de la historia de la administración de justicia en México ¿Es esto lo que estamos tirando por la borda?