La Fiscalía Anticorrupción asumirá la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud, cifrados en (SAS) tras la denuncia presentada por el PSOE-A y cifrados en cerca de 300 millones. Fuentes judiciales y del Ministerio Público han confirmado a ABC que será la Fiscalía Anticorrupción la que lleve a cabo la investigación contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación de estos contratos de emergencia a través del procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 y que, según los socialistas, el SAS siguió utilizando hasta 2023, «dos años después de su derogación legal». Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el PSOE-A, ha explicado que este partido se ha personado ya como acusación popular tras haber abonado el pago de la fianza requerida por el juzgado. En el auto de diligencias previas, que fueron incoadas por un supuesto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa, el juez solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial. El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla admitió a trámite el pasado 20 de junio la denuncia presentada por el PSOE-A , que llevó estos contratos a los tribunales al sostener que el Gobierno de la Junta utilizó un procedimiento de emergencia «sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada». El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, valoró entonces la admisión a trámite de esta denuncia «por abuso en la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud durante dos años desde la finalización de la pandemia mediante adjudicaciones a dedo, adjudicaciones sin concurso de recursos públicos a la sanidad privada». La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, volvió entonces a negar que se produjera un «fraude de ley» en dichas contrataciones: « Es rotundamente falso que se haya producido fraude de ley en los contratos. Las actuaciones y contratos llevados a cabo por el SAS han cumplido con la legalidad en todo momento». Afirmó que el SAS «siempre ha obrado con informes jurídicos para el desarrollo de la modalidad de contratación de emergencia, mientras la alerta sanitaria y la necesidad de prestar asistencia a la ciudadanía lo requería», y se ha garantizado «la transparencia» por parte de la administración andaluza, porque «se han ido publicando paulatinamente tanto las resoluciones del órgano de contratación como los contratos y adendas» en el Portal de Transparencia de la Junta, «con acceso público y sin restricción alguna».
