Óscar López se ha estrenado en el Ministerio de Función Pública con un duro revés: ha sido incapaz de concitar el "sí" de las aseguradoras privadas para renovar el concierto para prestar asistencia sanitaria en Muface y ahora se va a ver obligado a rehacer un nuevo pliego que asuma parte de las demandas de las empresas. En todo caso, el propio ministro, en una respuesta por escrito al Congreso publicada el pasado 16 de octubre, se comprometía a tramitar un nuevo contrato para renovar el concierto, que vence este mismo mes de diciembre, y ahí se comprometía a poner los medios que garantizaran la continuidad de Muface.
"Dicho contrato recogerá tanto los medios con los que deberán contar las entidades aseguradoras que concurran al mismo como su financiación, entre otras cuestiones", señalaba la respuesta dada por el Ministerio de Función Pública que dirige López a una pregunta elaborada por diputados del PP. Sin embargo, a la vista de que el contrato ha quedado desierto porque las aseguradoras privadas se han negado a asumir las condiciones que ha impuesto el Ministerio, que solo recoge un incremento de la prima del 17,2% (303 millones de euros) con respecto al concierto anterior, parece que el ministro ha incumplido con sus previsiones.
Muface, que es un organismo público dependiente de Función Pública, se encarga de hacer la contratación de las aseguradoras privadas para dar cobertura médica a 1,5 millones de funcionarios. De momento, la renovación del concierto tendrá que esperar de nuevo porque ninguna empresa ha querido aceptar el incremento de la prima que ofrecía Muface ya que consideran que los costes han aumentado entre un 27% y un 40% (en función de los cálculos de cada aseguradora) y señalan que han registrado ya pérdidas en años anteriores.
Este fracaso de López puede ir a más porque el sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios públicos, ha anunciado ya movilizaciones porque el fiasco de Muface puede suponer un terremoto tanto para los funcionarios como para el sector sanitario ya que trasladaría a 1,5 millones de personas de la sanidad privada a la pública, un movimiento que supondría una gran alteración.
DKV, Adeslas y Asisa son las tres aseguradoras privadas que han dado cobertura a los funcionarios hasta ahora y tienen en sus manos al 72% del colectivo de empleados públicos (1,5 millones de personas). El resto escoge la sanidad pública. Sin embargo, ninguna de las tres asegurados está ahora mismo de acuerdo con las condiciones que ofrece el Ministerio de López.
