La elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede conducir a nuevos ataques contra el derecho al aborto, que ya retrocedió de manera dramática en varios estados de Estados Unidos.
El republicano se jacta de haber permitido la anulación de la garantía federal del derecho del aborto en 2022 gracias a su nominación de tres jueces conservadores en la Suprema Corte, durante su primera presidencia.
Ese histórico fallo revirtió medio siglo de jurisprudencia y la Suprema Corte volvió a dar a cada estado del país facultades para legislar sobre el tema. Una veintena de ellos impusieron desde entonces restricciones parciales o totales al aborto.
El martes se celebraron referendos sobre el tema en 10 estados. Arizona, Misuri y Nueva York, por ejemplo, aprobaron enmiendas a sus constituciones para restablecer la posibilidad de someterse a un aborto hasta la viabilidad del feto, pero Florida lo rechazó por un pequeño porcentaje.
Durante la campaña, Trump se mostró prudente sobre el tema, ya que la mayoría de la opinión pública se mostró favorable al derecho al aborto. Al mismo tiempo, acomodó su discurso para mantener el apoyo de los evangélicos.
Insistió en que los estados deben ser los árbitros del tema, sobre el cual ha fluctuado a lo largo de los años.
El multimillonario republicano que en 1999 se declaraba a favor del derecho de la mujer a elegir abortar fue en 2020 el primer presidente en asistir a la "Marcha por la vida", la gran misa anual de los activistas antiaborto.
La candidata demócrata Kamala Harris advirtió durante toda la campaña que de ganar los comicios, su rival instauraría una prohibición nacional de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVG por sus siglas en inglés).
Desde octubre, Trump aseguró que impondría su veto si el Congreso adopta "una prohibición federal del aborto". Pero según los expertos, lo que entiende por prohibición es vago. Podría por ejemplo designar solamente una prohibición sin ninguna excepción (en caso de violación, de incesto), y dejar la puerta abierta a otras opciones.
Además de la vía legislativa, un nuevo gobierno de Trump podría verse tentado a utilizar el poder del Estado federal.
Los defensores del derecho al aborto esperan que el primer blanco del nuevo gobierno sea la píldora abortiva. Se utiliza en cerca de dos tercios de las IVG en Estados Unidos.
A lo largo de los años, la Agencia estadounidense de Medicamentos (FDA) amplió las condiciones de acceso a la mifepristona, la primera de dos píldoras a tomar para someterse a un aborto por la vía de medicamentos, sobre todo al permitir su envío por correo tras una teleconsulta médica.
Expertos creen que una segunda administración de Trump podría dar marcha atrás a estas nuevas disposiciones, con consecuencias incluso para los estados donde el aborto sigue siendo legal.
El fin del envío de píldoras abortivas por correo representaría sobre todo un golpe duro debido al bloqueo de otras opciones para abortar implementadas desde el fallo de la Suprema Corte hace dos años. Protegidos por leyes específicas que los protegen por ejemplo en Nueva York, médicos prescriben y envían píldoras abortivas a mujeres que viven en estados con restricciones.
Miles de píldoras abortivas son enviadas cada mes a estados que restringieron o prohibieron el aborto, según la organización WeCount.
Otra opción consistiría en resuscitar una ley federal adoptada en 1873 y que cayó en desuso, la "Comstock Act", que prohíbe el envío por correo de objetos "obscenos", una categoría que engloba tanto a la pornografía como todo objeto que pueda servir a la anticoncepción o el aborto.
Incluso si el fiscal general del gobierno demócrata saliente afirmó en 2022 que esta ley no podía aplicarse a la mifepristona.
Si esta ley vuelve a entrar en vigor podría culminar con la prohibición del envío postal del material utilizado incluso para abortos quirúrgicos, dicen expertos. Se trataría en su opinión de una "prohibición nacional de facto" de las IVG.
El poder de designar a jueces de la Suprema Corte podría también permitir a Trump, que ya usó esta prerrogativa durante su primer mandato, continuar remodelando el máximo tribunal para tornarlo ultraconservador. Y de esta manera influir indirectamente sobre el derecho al aborto cuando el tema acaba en tribunales.
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