El abogado valenciano Curro Nicolau ha presentado un recurso contencioso -administrativo ante el Tribunal Supremo «por inactividad del Gobierno de España en la gestión de la catástrofe de la DANA en España». En una denuncia que se acompaña de fotos captadas en algunos municipios valencianos mostrando los destrozos ocasionados por las inundaciones provocadas por la gota fría del pasado 29 de octubre, el letrado -que también presentó varios litigios contra la Generalitat Valenciana del Gobierno de Ximo Puig durante la pandemia del coronavirus, por la vacunación en colegios, entre otros- relata el desarrollo del desastre vivido en la última semana por la meteorología. Tras referirse al « mayor acontecimiento de devastación natural en la historia moderna de España», en el escrito de este contencioso relata en primera persona como él «no recibió ningún tipo de alerta de emergencia» a pesar de que se encontraba en la ciudad de Valencia y «en los días posteriores a la tragedia se ha visto claramente la inactividad del Gobierno de España en la asunción de la intervención que exigía la emergencia de carácter nacional», A su juicio, no «ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de manera suficiente». En el ámbito legal, asegura que el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «vulneraron lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y los artículos 5 y 34 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)». Asimismo, señala que el Gobierno « no activó » el Estado de Alarma y en cambio se han restringido «derechos fundamentales» como el de libre circulación. Además, niega la justificación dada por el Ejecutivo central de que no podía invadir competencias de la Administración autonómica y reprocha en especial que se tardaron 72 horas en enviar efectivos militares. Nicolau aporta en su contencioso un relato en primera persona como testigo directo del desastre: «Tuve ocasión de socorrer a familiares en la considerada zona cero de la catástrofe mencionada, concretamente en el municipio de Sedaví, donde tuve que sortear 72 horas después al día señalado un sinfín de obstáculos y amasijos de vehículos en un claro escenario 'apocalíptico', tal y como puede apreciarse en las fotos que se adjuntan». Su descripción del panorama que se encontró detalla la situación de riesgo. «Una zona totalmente devastada por la riada, sin servicios como agua y luz, con personas desaparecidas y fallecidas, y con una clara peligrosidad para la transmisión de infecciones víricas, así como un escenario de inseguridad ciudadana por actos delictivos y pillajes en comercios», señala.
