Un ingeniero de Aviación Civil, removido de su cargo luego de negarse a firmar una propuesta de MECO para modificar el alcance de los trabajos de rehabilitación en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, afirmó que ese plan busca “desviar la atención de los incumplimientos” en las especificaciones técnicas en que incurriría la constructora de continuar con la obra, pues la mezcla asfáltica no estaba acorde con los parámetros contratados.
Así lo señala el oficio DGAC-DA-IA-UEAIDOQ-OF-285-2024, del 12 de setiembre, firmado por el exjefe de la unidad ejecutora de ese proyecto, David Rojas Alfaro, y dirigido al director de Aviación Civil. En el documento se detallan las razones de Rojas para no avalar la modificación sugerida por MECO, a la que se le adjudicó el contrato por $41 millones. La rehabilitación de la pista comenzó en marzo y debía estar en seis meses.
En agosto anterior, la constructora y el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla aseguraron que la ingeniería de valor surgió porque, al iniciar los trabajos en la pista, encontraron que los daños eran menores a los previstos. Por ello, aseguraron, ya no era necesario remover las capas inferiores del material para reemplazarlas, dado que estaban en buen estado, lo cual representaría un ahorro de $5 millones.
Sin embargo, según el oficio de Rojas, la propuesta de MECO cambia “sustancialmente” el objetivo de la contratación, pasando de una rehabilitación de la estructura del pavimento a un simple recarpeteo. El ingeniero, quien también era encargado de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil, subraya además que la constructora presentó la propuesta luego de que la unidad ejecutora notificara los incumplimientos a las especificaciones técnicas del contrato, específicamente relacionados con los parámetros del asfalto colocado.
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“La propuesta de ingeniería de valor presuntamente pretende no solo desviar la atención de los incumplimientos a las especificaciones técnicas, sino, también, ajustar las especificaciones técnicas a satisfacción de los intereses y conveniencia del contratista”, dice el oficio firmado por Rojas Alfaro. Añade que con esa propuesta se busca realizar lo previamente rechazado “y presuntamente poder concluir el objeto contractual libre de sanciones, por parte de la Administración”. Cita, además, que de esa forma se haría el trabajo en menos tiempo para tenerlo listo antes de la temporada alta de turismo, que empezó este noviembre.
Además, menciona que con dicha modificación, el plazo total de la rehabilitación sería de 204 días, contemplando las obras faltantes y el tiempo ya consumido, con lo cual supera los 180 días que ofertó el contratista. Según su opinión, esto no podría ser aceptado por la Administración en vista de que la propuesta del contratista reduce el alcance de la contratación.
La Nación envió consultas a MECO a las 3 p. m. de este martes para que se refiriera a lo dicho por Rojas, pero, al cierre de esta información no se había recibido una respuesta.
El oficio de Rojas agrega que, durante las obras, la empresa “siempre manifestó estar en desacuerdo con ser la responsable de asumir el riesgo meteorológico que pudiese resultar de la ejecución de las obras en estación lluviosa, “a pesar de no haber realizado dicha observación durante la etapa de objeción o de aclaraciones al pliego de condiciones, y haber indicado explícitamente que su oferta incluía días no laborables por malas condiciones climáticas”.
Asimismo, destaca que una vez iniciados los trabajos, MECO gestionó trasladar la ejecución a la estación seca.
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Por estas razones, cita el oficio, “la Unidad Ejecutora considera que el contratista presuntamente pretende, con su propuesta, obtener un beneficio propio, realizando menos obra de la que ofertó e inclusive buscó que el asfalto a colocar tuviese menores controles de calidad que los incluidos en el pliego de condiciones, lo cual, deriva en un beneficio para la empresa y no para garantizar el interés público pretendido con la solución contenida en el pliego de condiciones”.
Otro de los puntos por los que David Rojas declinó avalar la propuesta de MECO es que, de acuerdo con su criterio, dicho plan contradice la premisa que se utilizó para incluir las obras en el decreto de emergencia que dio pie a la contratación.
Advirtió que si se admite el cambio, ya no se sostendría el argumento reportado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) sobre la urgencia de la intervención. En su lugar, constituirían obras de recarpeteo como las que incluso se venían ejecutando años atrás como parte de las labores de mantenimiento periódico que recibía esa pista de 2.760 metros de longitud.
Según el oficio, los hechos registrados durante la ejecución de las obras refuerzan la tesis que por años sostuvieron la Unidad de Infraestructura Aeronáutica y el Departamento de Aeropuertos, respecto a la necesidad de una solución integral, la cual había sido avalada por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
“Por lo tanto, en vista de que la solución que propone el contratista es muy similar a las obras que ha realizado anualmente el proceso de mantenimiento aeroportuario, únicamente difiere de la colocación de una sobrecapa de 8 cm, lo cual genera preocupación de cómo con una intervención de recarpeteo se pueden solucionar todos los problemas estructurales”, agrega.
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Además, el ingeniero menciona que la documentación presentada por MECO, la cual indica que las capas subyacentes del pavimento están en buen estado, contrasta con estudios técnicos realizados por cuatro empresas distintas a lo largo de varios años y que justificaron la inclusión del proyecto en el decreto de emergencia.
Rojas advirtió en su informe sobre la necesidad de notificar al presidente de la CNE ante las posibles repercusiones legales de usar fondos de emergencia para obras que, según los datos de MECO y la solución de diseño propuesta, ya no se podrían catalogar como una situación de emergencia.
También recomendó informar al CETAC sobre el riesgo de aprobar una solución que, a mediano plazo, “requiera nuevas inversiones en mantenimiento”, debido a que aunque el consultor sugirió pedir a la empresa ampliar la garantía de calidad, esta no aceptó, lo que transferiría los riesgos y costos a la Administración.
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Consultado sobre los señalamientos de Rojas, el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, afirmó que “desde el punto de vista legal”, el hecho de que las propuestas de ingeniería de valor sean permitidas no implica que se acepten. Añadió que, en este caso, el mismo ingeniero de la unidad ejecutora señaló la existencia de un “conflicto técnico”, por lo que debía ser un tercero quien evaluara la propuesta.
Castillo agregó que valoraron la propuesta de ingeniería de valor bajo la premisa de que esta atendería técnicamente los requisitos de la obra y ofrecería beneficios en costos y tiempo. Por ello, contrataron a un consultor internacional experto en asfaltos aeroportuarios para que analizara la propuesta de MECO.
El pasado 7 de octubre, ante la Comisión de Guanacaste, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, informó que el consultor recomendó realizar un nuevo diseño, es decir, no se avaló ni el plan original ni la mejora planteada por MECO. Este nuevo diseño implica una modificación del contrato y la conformación de una nueva unidad ejecutora.
La Comisión Nacional de Emergencias y Aviación Civil acordaron suspender el contrato por tres meses, a partir del 5 de octubre, para realizar dicha modificación y ante la previsión de lluvias en la zona para el último trimestre del año. No obstante, los trabajos están detenidos desde junio debido a incumplimientos en los parámetros de la mezcla asfáltica y a las condiciones climáticas.
Según el informe en el expediente del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), al 30 de setiembre el proyecto presentaba un avance general del 37%. Las obras pluviales alcanzaban un 62% de avance, mientras que la rehabilitación de la pista estaba en un 15%.
La reparación de la pista, valorada en ¢21.800 millones ($41,7 millones), fue encargada a MECO pese a no ser la oferta más económica. El presidente Rodrigo Chaves denunció irregularidades en el proceso de licitación que habrían favorecido a la constructora, lo que provocó la destitución, el 12 de marzo, de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, y la remoción de Fernando Naranjo como director de Aviación Civil.
Además, los diputados de la Comisión de Infraestructura investigan la inclusión de las reparaciones en un decreto de emergencia firmado por Chaves para atender los daños causados por la tormenta tropical Bonnie en julio del 2022. Varios expertos que pasaron por esa comisión señalaron que el deterioro de la pista no fue causado ni acelerado por dicho fenómeno.
