El futuro POTUS enfrenta una compleja situación legal con tres casos penales en su contra. Actualmente, está acusado de interferir en las elecciones de Georgia, con un caso de extorsión cuya audiencia está programada para el próximo 5 de diciembre. Además, enfrenta cargos relacionados con [[LINK:TAG|||tag|||63361aa1ecd56e361693272b|||el asalto al Capitolio en enero de 2021]] y ha sido declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de documentos comerciales en el caso de los pagos a Stormy Daniels. Este último caso se refiere a pagos destinados a silenciar una supuesta relación extramatrimonial con la actriz de cine para adultos, encubiertos como gastos legales de su empresa.
El 26 de noviembre se espera la nueva sentencia en Nueva York por el caso de falsificación documental de Daniels, un juicio que parece definirse gracias a su triunfo como presidente de los Estados Unidos. Analistas y expertos consideraron las elecciones como "la carta de salida" de Donald Trump, puesto que, al tratarse de un delito federal, el ser presidente es suficiente protección ante un proceso penal que implique la cárcel. De hecho, su equipo legal ha conseguido posponer los juicios hasta después de las elecciones, juicios que estaban previstos para el 18 de septiembre.
Cabe recordar que el próximo POTUS está al límite de enfrentar una condena que implica hasta cuatro años de prisión. Según un análisis del New York Times, más de un tercio de los casos similares en Manhattan han resultado en sentencias de prisión. Sin embargo, con la victoria, es probable que Donald Trump nunca ponga un pie en la cárcel, al menos no por los 34 delitos del caso Stormy Daniels. En este caso, Trump se jugará la inmunidad presidencial como argumento. Si el juez que supervisa su caso acepta, los cargos podrían desestimarse o posponerse indefinidamente.
Pero ¿qué es la inmunidad presidencial? En Estados Unidos existe una protección legal que impide que el presidente en funciones sea procesado penalmente por acciones realizadas durante su mandato. Esta inmunidad se basa en la idea de permitir que el presidente desempeñe sus funciones sin distracciones ni obstáculos legales. Aunque la Constitución estadounidense no especifica una inmunidad absoluta, la práctica ha sido evitar el enjuiciamiento de un presidente mientras está en el cargo.
Si bien la inmunidad cubre principalmente actos oficiales realizados en el ejercicio de sus deberes presidenciales, no necesariamente cubre acciones personales o anteriores al mandato. Es por eso que, a pesar de su estatus político, el juez Merchan podría imponer una pena de prisión en respuesta a las múltiples violaciones de órdenes judiciales por parte de Trump, como sus comentarios públicos sobre el caso y los ataques a testigos y funcionarios judiciales.
Recordemos que el 6 de enero de 2021, una multitud de seguidores de Trump irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos, intentando evitar la certificación de los resultados electorales de 2020 en los que se evidenciaba la victoria demócrata. Tras estos sucesos, Trump fue acusado de conspiración para obstruir un procedimiento oficial y otros cargos relacionados con este incidente. En agosto de este año, el fiscal especial Jack Smith presentó una nueva acta de acusación contra Trump, y en ella ajustó los alegatos para alinearse con un dictamen del Tribunal Supremo sobre la inmunidad de sus actos como presidente.
Es decir, en términos prácticos, como el Tribunal Supremo puede dictaminar que ciertas acciones de un presidente en ejercicio, incluso si son cuestionables, están protegidas por inmunidad debido a su rol oficial, el fiscal Smith ajustó sus argumentos para centrarse solo en aquellos que no estarían protegidos o relacionados con su rol oficial.
Por otro lado, pero también en el marco de las elecciones de 2020, Trump y varios asociados fueron acusados de intentar alterar los resultados electorales en Georgia. En agosto de 2023, un gran jurado del condado de Fulton imputó a Trump y a 18 personas más por cargos que incluyen conspiración para interferir en las elecciones. Sin embargo, en septiembre de este año, un juez de Georgia desestimó dos de los 13 cargos contra Trump, al considerar que excedían la autoridad estatal.
