Segundo, un constructor de viviendas en Illescas entre 2014 y 2018, reconoce una deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones de sus trabajadores. Pero asegura que «no se quedó con el dinero. Por tanto, no hubo fraude, sino que la empresa fue mal». Lo dijo a ABC su abogado, Federico Collazo, a la salida de la sesión celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Toledo, donde las partes no se pusieron de acuerdo en la cuantía adeudada. A su cliente, la Fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social lo acusan de un delito agravado de fraude, por lo que piden 4 y 5 años de prisión, respectivamente, además del pago de una abultada multa. Collazo, en cambio, solicita la libre absolución. «Mi cliente dice que la deuda no coincide y que hay un error en el cálculo. Le imputan cantidades que no son ciertas . De hecho, la Tesorería de la Seguridad Social le reclamaba más de 700.000 euros, aunque en el juicio han presentado un certificado y han bajado en cerca de 300.000», manifestó su letrado. La Fiscalía, por su parte, cifra en casi 400.000 la deuda generada en cuatro ejercicios, desde julio de 2015 hasta el mismo mes de 2018. La defensa, sin embargo, la sitúa en unos 190.000 euros , por lo que el importe fue motivo de discusión en la sesión, que duró tres horas. «No defraudó porque el dinero no se ingresó en el patrimonio de mi cliente. Una cosa es tener una deuda y otra que el dinero de los trabajadores me lo haya quedado. A él la empresa le fue mal y él no pago simplemente porque no podía», explicó su letrado a este periódico. « Él se quedó sin dinero porque pagó a los proveedores y quería que los trabajadores cobrasen, que sí cobraron; pero el problema fueron sus cotizaciones», añadió. «Por eso pido la absolución, porque no ha defraudado, sino que ha dejado de pagar y el dinero no está en su patrimonio», insistió. Sin embargo, la Fiscalía y la abogada de la Tesorería de la Seguridad Social sostienen lo contrario. «Conocedor de las deudas, dejó conscientemente de abonarlas y dejó de ingresar todas las cotizaciones que le correspondían de sus trabajadores dados de alta» en su empresa desde julio de 2015 hasta julio de 2018, narra el Ministerio Público en su escrito de acusación. Lo hizo, a su juicio, con el ánimo de obtener un enriquecimiento «a costa de la Seguridad Social». Y el acusado tampoco adoptó «ninguna medida» ante la deuda, como pudieron ser solicitudes de aplazamiento, la apertura de concurso de acreedores u otras vías de financiación alternativa, según la fiscal. El abogado del procesado relató que en 2017 hubo una reunión en la Tesorería de la Seguridad Social para regularizar la situación. «Le pedían el 30 por ciento del importe, pero no es lo mismo sobre 700.000 euros que sobre los 190.000 que decimos nosotros», señaló. Los trabajadores declararon al tribunal que sí cobraron, según informó a ABC el letrado de Segundo, y solo uno de los dos policías nacionales citados compareció, ya que el otro falleció. Los técnicos lo hicieron por videoconferencia en el juicio, que quedó visto para sentencia.
