La mutualidad garantiza que la prestación sanitaria seguirá cubierta y el Gobierno prepara una nueva licitación tras ofrecer "la mayor prima de la historia desde que existen registros homologables"
Cada vez más funcionarios rechazan el seguro privado de Muface: “Siendo trabajadora pública, es lo coherente”
Las aseguradoras privadas no han presentado ofertas para el concierto de Muface para los años 2025 y 2026, que queda desierto, a la espera de que el Gobierno plantee una nueva licitación para garantizar la cobertura sanitaria y social de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. El Ejecutivo había aprobado a principios de octubre un aumento de la prima del 17% que, a la vista de la respuesta de las compañías, ha sido insuficiente para que continuaran prestando el servicio.
Desde Muface han señalado este mismo martes que “tanto los titulares como los beneficiarios van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales”. “La atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales”, insiste la mutualidad, que señala que “con posterioridad a la fecha de finalización del concierto (el próximo 1 de enero) se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público”. Esta establece que el órgano de contratación puede acordar una prórroga que será “obligatoria para el empresario” dentro de unos plazos y siempre que las características del contrato “permanezcan inalterables”.
Tras la renuncia de las principales aseguradoras a concurrir al concurso planteado por el Ejecutivo en las condiciones actuales, Muface indica que “iniciará los trabajos para una nueva licitación”, tras ofrecer una prima del 17,12%, “la mayor de la historia desde que existen registros homologables”.
En la actual, que las anteriores compañías que prestaban el servicio —Adeslas, Asisa y DKV— han rechazado, el Ministerio de Función Pública planteaba una cuantía total de más de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, con un incremento total bianual de 304 millones de euros respecto al último año de vigencia del concierto anterior. La prima media por mutualista se situaba en unos 1.032,12 euros este año y en 1.208,81 en 2026.
La licitación aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de octubre ya llegaba entre discrepancias entre la administración y las compañías, que habían mostrado una actitud beligerante en los días previos. Desde el sector habían considerado “insuficiente” incluso un aumento del 25% de las primas. En un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), del que forman parte las grandes aseguradoras del país, señalaban en septiembre que ni con ese aumento, superior al del concurso presentado por Función Pública, se conseguiría lograr una condiciones financieras “justas”.
La patronal de la sanidad privada, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), acusó hace unas semanas al Ejecutivo de querer propiaciar de forma “deliberada” el “fin de Muface”, lo que supondría un “colapso” para la sanidad pública. Algo que el Ministerio de Sanidad habían desmentido. Aunque tanto desde Función Pública, como desde el departamento que dirige Mónica García han descartado que vaya a producirse el fin de la mutualidad, Sanidad recordó entonces que las personas cubiertas por una aseguradora tienen un uso menor de los servicios. “En un escenario donde todos os funcionarios pasaran a la pública, no necesariamente habría un uso intensivo e inmediato de los servicios de salud”, tranquilizaron.
Los conciertos a los que sí han acudido Adeslas y Asisa son a los convocados por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). “En los dos casos, los parámetros asociados a las tendencias de demanda sanitaria permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados”, ha señalado Adeslas en un comunicado, en el que señala que dará cobertura a cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios en el primer caso y a otros 92.000, en el segundo.
