El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha evidenciado la alta tasa de informalidad laboral en América Latina, destacando los países donde más de la mitad de la población trabajadora opera al margen de la regulación y protección legal. Este estudio muestra que, además de Colombia y Venezuela, hay una nación que lidera este lamentable ranking, lo cual refleja serios desafíos en su mercado laboral.
Actualmente, Perú ostenta el desafortunado título de ser el país con la mayor tasa de informalidad en América Latina, que alcanza un preocupante 70%. Esta cifra indica que la mayoría de los trabajadores peruanos carecen de contratos formales, beneficios laborales y seguridad social, lo cual los coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
En regiones como Puno, Huancavelica y Cajamarca, esta realidad afecta a siete de cada diez trabajadores. A pesar de una leve disminución en la tasa de informalidad, que pasó de un 74% en 2022 a un 70% en 2024, esta reducción se atribuye principalmente a la pérdida de empleos y no a un aumento en el empleo formal.
Colombia sigue de cerca a Perú con un índice de informalidad del 57,9 %. El país ha enfrentado numerosos retos económicos, especialmente tras la caída de los precios del petróleo en 2014, lo cual contribuyó a este alto nivel de informalidad. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de diversificar la economía y mejorar la infraestructura es crítica para reducir este índice. Además, esta nación enfrenta el desafío de formular políticas que no solo incentivan la formalización del empleo, sino que también aseguran la estabilidad y buena remuneración de los trabajos generados.
La lista de los cinco países con mayor informalidad la encabeza Perú, seguida de Colombia, Ecuador, con un 55%; México, con un 54,8%; y Panamá, con un 48,2%. Estos elevados índices de empleo informal evidencian un problema estructural en la región que, además de frenar el crecimiento económico sostenido, limita el desarrollo social de estas naciones. Combatir la informalidad exige un enfoque multidimensional que incluya mejoras legislativas, incentivos económicos para la formalización y, principalmente, cooperación entre países para implementar estrategias efectivas a nivel regional.
