Resulta inconcebible que el convicto Santiago Martin Rivas se atreva a lanzar amenazas contra quienes, desde un punto de vista informado y provisto de argumentos, critiquen y enjuicien la actuación de las Fuerzas Armadas en determinados pasajes de la lucha antiterrorista.
“¡Ni olvido ni perdón!”, ha proferido quien ordenó matar a estudiantes universitarios de La Cantuta y luego incinerarlos para borrar las huellas, el 18 de julio de 1992. Estos nueve jóvenes y un profesor de la universidad fueron falsamente acusados de senderistas y así se comprobó judicialmente.
En el caso Pativilca, que es el que actualmente se ventila, seis campesinos fueron asesinados el 29 de enero de 1992 por el destacamento Colina dirigido por el mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, bajo la falsa acusación de pertenecer al terrorismo. Con el tiempo se demostraría que las víctimas tenían un litigio por tierras con el instigador de la matanza, un empresario de la zona, vinculado con los militares de la época.
Martin Rivas ha dicho en tono desafiante ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora –que está ventilando su participación en ese crimen múltiple– que se hace necesario el tiempo del renacimiento (palingenesia) y que todos quienes hayan perseguido a las Fuerzas Armadas tendrán que asumir “sus responsabilidades civiles, penales y personales”.
De ser condenado en el caso Pativilca, sería su cuarta sentencia, porque ya cumple prisión por otros tres delitos, entre ellos, el asesinato de su expareja y exintegrante del destacamento Colina Mariela Barreto, la matanza de Barrios Altos, entre otros.
El jefe del comando de aniquilamiento surgido y aprobado en tiempos de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos está pidiendo que se le aplique la ley Rospigliosi, también llamada “ley de impunidad”, porque exonera a militares acusados de espantosos crímenes y violaciones a los derechos humanos en el período donde ocurrieron la mayor cantidad de ellos, la década de los 90. No hay duda de que estas leyes alientan las bravuconerías de los asesinos.
