El anterior Gobierno de las Islas Baleares, que presidía la socialista Francina Armengol, compró material sanitario en China entre marzo y junio de 2020 a través de la empresa Tyrval Import Export SL por un valor total de más de cinco millones y medio de euros de dinero público.
La asociación Avanza en Libertad denunció este pasado jueves ante la Fiscalía de Baleares, adjuntando documentación probatoria, una serie de irregularidades en la contratación porque se anuló parte del material por no cumplir con la normativa europea y otro grupo más grande de lo adquirido se anuló sin que conste de manera formal.
Sin embargo, sí que se pagó, sin que la administración balear cursase en ningún momento una reclamación económica a la mercantil en cuestión por los servicios no prestados.
El suministro se dividió en tres pedidos distintos. El primero, por el que se pagó 1.600.700 euros de dinero público, incluyó 20.000 mascarillas FFP2, cuatro millones de guantes, 500 termómetros, dos millones de mascarillas quirúrgicas, y 60.000 equipos de protección personal conocidos como buzos. En este encargo el proveedor chino sí que anuló la entrega de los cuatro millones de mascarillas bajo el argumento de que no cumplían con la normativa sanitaria de la Unión Europea.
Sin embargo, como se expone en la querella, «permite concluir que se habría anulado más material del inicialmente detectado». Este material adicional serían, en este pedido, las 20.000 mascarillas de tipo FFP2.
El segundo pedido consistió en cinco millones de mascarillas quirúrgicas y 50.000 buzos, de los que no se anularon ninguno y consta entrega del total de lo firmado a suministrar.
En el tercer y último pedido a la empresa Tyrval se declaró anulado la mayoría del material sanitario adquirido por el Servicio de Salud de Baleares, algunos de manera formal y otros sin que conste. El acuerdo establecía la adquisición de 60.000 mascarillas FFP2, 100.000 FFP3, tres millones de guantes, y 1.992 termómetros.
Solo los medidores de temperatura se entregaron y pagaron cumpliendo, por tanto, en este caso, con lo acordado y solo las 100.000 unidades de mascarillas se declararon anuladas por no cumplir con las reglas comunitarias, cuando lo restante también se anuló.
En suma, como se explica en la denuncia, «se habría anulado más material del inicialmente detectado» por la Oficina Anticorrupción de Baleares y este «no consta como entregado». Lo que es «congruente» con el hecho de que en el informe sobre estos contratos elaborado por el organismo autonómico de lucha contra la corrupción –que cerró este año– se señalaba que la empresa proveedora «no podía garantizar el suministro de este tipo de productos».
Al material que sobre el papel figura como anulado por un valor de 1.302.800 euros de fondos públicos de la administración balear hay que, por tanto, sumar «el coste adicional» de los productos que «finalmente no se habrían suministrado» y que asciende a otros 723.800 euros. Lo que coloca la cifra total de dinero adeudado por esta mercantil al Servicio de Salud Balear en los 2.026.600 millones de euros de dinero público.
Se considera una deuda porque «en la lista de facturas presentadas por Tyrval» hay dos facturas «cuyos importes coinciden con el material» que, según la documentación analizada, «no consta entregado». Estas facturas se corresponderían con los 36.200 euros que se invirtieron en las mascarillas FFP2 del primer pedido y la otra, con los 189.600 euros que se desembolsaron para las mascarillas de la misma clase que figuran en el tercero de los encargos. Lo que para la asociación Avanza en Libertad «no deja lugar a dudas de que se pagaron» por parte del departamento de salud de las islas.
En cuanto a los guantes del último pedido, explica, «no se ha podido identificar ninguna factura», pero, avisan, «podrían estar incluidos junto a otro material» en alguna de las facturas existentes.
La diputada de Vox en el Parlamento insular, Idoia Ribas, cursó una petición al Servicio de Salud para conocer si se había incoado un expediente de reclamación a Tyrval de los 1.302.800 euros pagados por el material sanitario que no se entregó.
Este organismo le contestó, se relata en la denuncia, que «no existía ningún expediente de reclamación al respecto». Ni tampoco los más de 700.000 euros de los productos que no se dieron formalmente por anulados y no llegaron nunca a Palma de Mallorca, pero de los que sí se abonó su precio con dinero público.
Además, la parte del material que se suministró, las mascarillas quirúrgicas y los buzos del segundo encargo, «aumentaron el precio unitario» en el periodo que transcurrió entre la fecha del pedido y la de su transporte hasta el archipiélago balear. Si bien es cierto que el Servicio de Salud pagó 415.000 euros de menos a la empresa por este suministro, Tyrval seguiría teniendo que devolver 1.611.600 euros a las arcas públicas de Baleares.
A tenor de la documentación aportada por el organismo a esta diputada, el Gobierno autonómico del PSOE y Podemos «ni siquiera habría reclamado esta cantidad» a la compañía. Ahora, esta asociación exige su investigación por la Justicia.
