El plan que ultima Seguridad Social para habilitar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los cerca de 60.000 mutualistas alternativos de la abogacía, y que les permitiría trasladar los fondos aportados a la Mutualidad -una vez se jubilen-, cuenta con una segunda pata con la que el Gobierno quiere obligar a todos los trabajadores por cuenta propia a cotizar en el sistema público a partir de 2027 . Es decir, eliminar la posibilidad de que los autónomos de ciertos colectivos que tienen posibilidad de depositar sus cuotas en el colegio profesional en lugar del RETA -y percibir de estos las rentas para la jubilación y otras contingencias laborales-. Sin embargo, la debilidad parlamentaria del Gobierno amenaza esta segunda fase de las medidas que afectarán a los mutualistas. No es una novedad que el Ejecutivo está teniendo problemas para sacar adelante sus proyectos legislativos al tener que conciliar diversas sensibilidades políticas entre sus socios, especialmente en materia económica. Y esta misma circunstancia planea sobre el compendio de actuaciones que prevé el Gobierno sobre el modelo de mutualistas . Aún sin estar determinada la primera parte de la medida, la pasarela al RETA y el sistema de equivalencias que establecerá Seguridad Social para dar entrada a este colectivo de abogados que cuentan con una previsión de renta de jubilación baja en algunos casos, el fuerte peso que tiene el mutualismo alternativo -permite cotizar al colegio profesional en lugar de a la Seguridad Social por cuantías a partir del 80% de la base mínima del RETA- obligará al departamento dirigido por Elma Saiz a tener que remangarse en el ámbito parlamentario. La determinación del Gobierno sobre este punto es a estas alturas de la articulación del plan de actuaciones sobre los mutualistas de eliminar este modelo a partir de 2027, «eliminando la opción de cobertura alternativa con una mutualidad, salvo en los casos de pluriactividad» , según ha detallado el Ministerio en varias comparecencias de la titular de la cartera, Elma Saiz. Desde Seguridad Social consideran, a pesar de que también se prevé «garantizar la suficiencia de las prestaciones de los mutualistas» incrementando progresivamente el importe de las cuotas a satisfacer por el mutualista, desde el 80% actual hasta el 100% de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos que este modelo está caduco y que la acción protectora tanto de contingencias en el ámbito laboral como finalmente la de jubilación deberá de correr a cargo del sistema público. Una vez más el obstáculo de la negociación con Junts se alza en el horizonte del trámite parlamentario. En este caso, por el fuerte peso que tiene el mutualismo alternativo en Cataluña y que de sustanciarse la reforma tal y como ha anunciado públicamente Elma Saiz forzaría la desaparición o reconversión del modelo de algunas de las entidades de mayor peso a nivel nacional en términos de patrimonio bajo gestión depositado por los mutualistas. De los cerca de 200 tipos de mutualidades, la mitad son catalanas. Muchas de las más importantes están representadas por la Federación de Mutualidades de Cataluña -38 mutuas y mutualidades de previsión social que dan cobertura aseguradora a cerca de 257.000 mutualistas-. Tal es el peso específico del modelo en esta región que cuenta con supervisión delegada por parte de la Dirección General de Seguros. «Es una seña de la identidad territorial catalana», señalan fuentes cercanas a Junts consultadas por ABC que aseguran que desde la formación no ven con buenos ojos esta parte del plan de la Seguridad Social de eliminar el mutualismo alternativo a partir de 2027. De llevarse a cabo, muchas de estas entidades que sustentan buena parte de su negocio en la parte de alternatividad -también funcionan como entidades de previsión social complementaria- estarían destinadas a desaparecer. Fuentes parlamentarias aseguran sobre esta medida que tanto el PP como el PNV tampoco están convencidos de eliminar el sistema de alternatividad , e incluso señalan que el plan de Seguridad Social no habría sido detallado al grupo parlamentario del PSOE -donde la parte catalana de la formación también se mostraría escéptica al respecto-. Con todo, cabe recordar que el mutualismo mueve un montante patrimonial de cerca de 58.000 millones de euros, de los cuales 18.000 millones corresponden a aportaciones en calidad de alternatividad a la Seguridad Social . Por lo que ejecutar este plan de eliminar la posibilidad a partir de 2027 supondría acabar con un tercio de esta vía de economía social, condenando a la desaparición a muchas entidades donde este sistema de aportaciones tiene un peso mayoritario.
